Los observadores esperan un acuerdo antes de que se cumpla el plazo de 21 días

Los observadores del conflicto surgido entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio adjudicatario de la obra confían en que ambas partes lleguen a un acuerdo antes de los 21 días estipulados. Mientras transcurre este plazo los trabajos no se suspenderán. Según la reclamación del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, antes de este preaviso intentaron reunirse «al más alto nivel» para buscar «de manera justa y apropiada» una solución «de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto». Al no lograrlo, comunicó por escrito a la ACP que «no puede continuar una obra en la que se proyecta 1.200 millones de euros en sobrecostos, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las Leyes Panameñas». Agregan que han remitido «diferentes propuesta específicas» que la ACP ha rehusado discutir.

El consorcio contratista culpa a Jorge L. Quijano, responsable máximo de la ACP, «de la inexactitud de la información proporcionada para ejecutar el proyecto». Éste señaló que la ACP podría asumir hasta un 15% de sobrecoste de la obra y de hecho ha abonado otros pagos extras justificados. Sin embargo, no cree razonable soportar el incremento del 40% que se plantea.

En teoría, la fecha de entrega es el 21 de octubre del 2015, pero los especialistas estiman un retraso de al menos 9 meses.

El Canal de Panamá es una de las mayores obras de ingeniería del mundo. Tras haber sido administrado por Estados Unidos durante 85 años y gracias a los acuerdos Torrijos-Carter (1977), el canal pasó a soberanía panameña el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces ha aportado ganancias por valor de 8.590 millones de dólares, de los que más de 2.000 se han reinvertido en el mantenimiento. El tercer juego de esclusas permitirá la navegación de buques de mucho mayor tamaño, lo que aumentará la capacidad de transporte de carga anual de 300 a 600 millones de toneladas. Hasta ahora pasaban barcos 294,1 metros de eslora y 32,3 de manga. Con la ampliación llegarán hasta los 366 por 49 metros.

Dejar inconcluso un proyecto de tal envergadura afectaría a la 'Marca España'. Quizá por esa razón, el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, defendía ayer el diálogo. Estimó que el GUPC no puede asumir unas pérdidas tan grandes, «eso es una cosa que no es manejable y eso tienen que comprenderlo», pero dijo que su contraparte también perdería mucho si se rompiera el contrato.