El PP yerra en su previsión sobre los papeles de Bárcenas

El PP encara la precampaña de las elecciones europeas del 25 de mayo bajo la acechante y creciente sombra de las acusaciones de Luis Bárcenas sobre la existencia de una presunta contabilidad b en el partido. Un escenario, complejo desde el punto de vista electoral con el que no contaba la dirección nacional del partido que erró en septiembre en sus previsiones sobre el posible archivo de la causa, al menos en la parte que afectaba al PP, antes de final de año.

Un augurio que la dirección nacional basaba en su plena convicción sobre la inexistencia de pruebas o testimonios que confirmasen la teoría de los sobresueldos que presuntamente habría recibido los máximos dirigentes del PP hasta 2010, incluido Mariano Rajoy, siempre según la versión que dio Bárcenas en su declaración, en la que reconoció ser el autor de los papeles con la contabilidad opaca, en la que el extesorero habría anotado los supuestos pagos y cuantiosas donaciones en negro.

Hasta ahora, los votantes del PP no han castigado a su partido por los casos de corrupción o procesos judiciales abiertos contra altos cargos populares en Valencia, Baleares o Madrid. Pero ahora, es una incógnita. «El contexto actual es muy diferente. Antes la corrupción importaba menos porque los gobiernos autonómicos no habían hecho recortes y todo el mundo ganaba dinero y había menos paro», comenta un diputado popular. El resultado ahora es más incierto, abunda esta fuente, por la crisis y por el mal momento del ciudadano de a pie. Un conjunto de factores aderezados por episodios como el de los SMS entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas, que revelaron un estrecho contacto entre ambos cuando el escándalo de las supuestas finanzas ocultas había estallado. «Eso hizo más daño en nuestras propias filas», reconoce un barón autonómico popular.

Hay otros datos que avalan esta preocupación. La corrupción, que el año pasado llegó a ser el segundo problema para los españoles sólo por detrás del desempleo, se ha convertido en una obsesión para el Gobierno que ha ultimado en tiempo la Ley de Transparencia y un paquete de medidas de regeneración democrática que dificultarán, cuando entren en vigor, tramas como la 'Gürtel' o la de los ERE falsos en Andalucía.

Ajeno a los plazos políticos, el juez Ruz sigue con sus investigaciones. Los populares respiraron cuando este magistrado sustituyó a Baltasar Garzón, anterior instructor del 'caso Gürtel', pero ahora muestran públicamente sus discrepancias con Ruz, que hace dos semanas envió durante casi doce horas a una comisión judicial a la sede nacional del PP para recabar datos sobre las obras de remodelación del edificio de la calle Génova 13 de Madrid que el partido no había remitido al juzgado en tiempo y forma. Pero tras la decisión del Consejo General del Poder Judicial de prorrogar seis meses más la estancia del magistrado en el juzgado central 5, el PP ya sabe que tendrá que vérselas con él. La asesoría jurídica del PP, apenas unos días antes de que Rajoy declarase que el partido siempre colaborará con la justicia, acusó a los investigadores de la UDEF de «parciales».

La formación gubernamental, a la que Ruz no dejó seguir actuando como acusación popular en este caso porque actuaba como defensor del extesorero cuando este aún lo negaba todo, se reafirma en la convicción de que la causa de su presunta financiación irregular va a quedar en nada. Rajoy declaró en diciembre que si hubo contabilidad en b sería de Bárcenas, no del PP. Los asesores jurídicos del partido sostienen que los donativos irregulares, además de no ser delito, estarían prescritos y no se puede demostrar que hubo un trato de favor para los empresarios donantes.

Informes

Recuerdan, además, que los últimos informes de la Fiscalía Anticorrupción apuntan hacia el desenlace por el que suspira el PP. De estos escritos se desprende que el fiscal, a día de hoy, no considera que existan elementos en la investigación que permitan establecer que los dirigentes populares, actuales o pasados, hayan vulnerado la ley de incompatibilidades con la percepción de sueldos públicos y privados, lo que desaconsejaría continuar con la investigación de la causa penal.

La Fiscalía, según fuentes del Ministerio Público, sólo tomará una decisión cuando se aporten a la causa dos informes de la Agencia Tributaria claves para esclarecer si el PP dejó de declarar en el 2007 y 2008, los años que aún no han prescrito, donaciones de particulares superiores a las marcadas por la ley. Estos datos servirían, por ejemplo, para cotejar si los papeles de Bárcenas -donde sí aparecen estas dádivas- son una contabilidad B o, como si mantiene el equipo de Rajoy, se trata de una burda invención.

Además del presunto delito fiscal, el juez debe establecer aún, como le han solicitado las acusaciones particulares, si existe algún tipo de relación entre esas donaciones de empresarios y la concesión de licitaciones públicas. La Fiscalía ya se ha opuesto a que el Ministerio de Fomento aporte a la causa los expedientes de los concursos que ganaron algunas de las constructoras que supuestamente financiaron al partido con el argumento de que no tendría relevancia para la investigación y que retrasarían el sumario por la complejidad de las pesquisas.