MUCHO MÁS QUE DOS

Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), las dos fuerzas emergentes de la política española, aguardan expectantes el resultado de las próximas elecciones europeas, a celebrar el 25 de mayo de 2014. Estos comicios, los primeros nacionales desde noviembre de 2011, deberían confirmar si, como vaticinan todas las encuestas públicas y privadas, el sistema de partidos vigente desde el comienzo de la transición, con dos formaciones hegemónicas, PP y PSOE, que sin mayores problemas se alternan desde hace tres décadas en la mayoría de los gobiernos de ayuntamientos y comunidades y en el de la nación, toca a su fin.

Prefieren no hablar del fin del bipartidismo, porque no creen que pueda decirse de inmediato que populares y socialistas van a sufrir un hundimiento estrepitoso, pero sí están convencidos de que si la suma de los resultados de ambas formaciones se sitúa por debajo del 65% del voto emitido en las europeas -como señalan los sondeos- querrá decir que la política española de los próximos años ya no va ser solo cosa de dos sino de muchos más.

Entienden que, de cumplirse el pronóstico, confirmaría que se ha roto el «tapón» del bipartidismo, que llevó a PSOE y PP hace solo cinco años, en las europeas anteriores, a acaparar el 81% de los sufragios. La constatación de la fractura del oligopolio alumbraría, creen, una época inexplorada en este período democrático que, cuando menos, obligará a los todavía partidos grandes a una política de pactos y alianzas en la mayor parte de las instituciones para lograr su gobernabilidad, proceso en el que IU y UPyD, cada uno con sus propias exigencias y estrategia, aspiran a ser «determinantes».

Izquierda Unida, a quien el último barómetro del CIS le otorga una intención de voto que casi duplica el resultado de hace dos años en las generales y que le acercaría a los 25 diputados, lucha por que las europeas terminen de convertir a la coalición en una formación «visible». En «una auténtica alternativa en la izquierda», que consolide su claro aumento de respaldo ciudadano y que le permita acabar con el histórico concepto del «voto útil», el efecto que cuando se tensa al máximo la pelea entre izquierda y derecha desangra electoralmente a las siglas en favor, sobre todo, de la marca PSOE.

Su apuesta es ser bandera contra las políticas liberales, con un proyecto de salida social de la crisis que cree que deben pagar los banqueros y las grandes empresas, con el impago de la «deuda pública ilegítima», la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, y el impulso de una reforma constitucional que garantice un nuevo estado federal y social, republicano, con más derechos y participación ciudadana. También proponen un nuevo modelo económico y productivo, que entre otros elementos incluye banca pública y nacionalización de sectores estratégicos como el eléctrico.

«A por todas»

La coalición liderada por Cayo Lara -con los sondeos actuales- podría lograr en las europeas entre 5 y 7 parlamentarios (ahora tiene dos). Pero, como también ocurre con UPyD, ve en los comicios no solo una opción para cimentar su voz y su proyecto en Estrasburgo sino la cita que les dibujará sus auténticas posibilidades de crecimiento a corto y medio plazo, la clave que descifrará a qué pueden aspirar de cara a las locales y, sobre todo, generales de un año después.

Fuentes de la dirección federal piensan que España se encamina hacia «los comicios más abiertos de la democracia» y que si PSOE y PP pinchan «todo es posible» en las elecciones siguientes. No quieren vender la piel de oso antes de cazarlo, pero aseguran que en las generales irán «a por todas» porque, hasta ahora, para su desgracia, tenían techo electoral -los 21 diputados de Julio Anguita en 1996-, pero no suelo (después llegaron a tener tres). Ahora, por primera vez, piensan que «no tenemos techo».

Su estrategia de consolidación se basa en afianzar su conexión con todos los movimientos contra los recortes, en crear una alianza política con muchos de estos colectivos y en ampliar a otros grupos de izquierda su actual alianza electoral con Iniciativa, Chunta, AGE o Batzarre. Aspiran a lograr en 2015 representación en todos los parlamentos autonómicos y si tienen que participar en alianzas, salvo victoria, prefieren pactar desde la oposición que desde el gobierno. Su condición indispensable es «la salida social a la crisis», impedirán siempre que puedan ejecutivos del PP y, de hecho, aspiran a convertir ayuntamientos y autonomías en «un dique de contención» contra las políticas «antisociales» de Mariano Rajoy.

Ni alianzas ni fusiones

El partido liderado por Rosa Díez, al que las encuestas ya otorgan el doble de tamaño que en las generales de 2011, aspira a demostrar en las europeas, para las que el 18 de enero elegirá número 1 en primarias, que son «una opción política consolidada en todo el país». Ni para estos comicios ni para el futuro buscarán alianzas o fusiones. Quieren creer solos, con sus propias siglas y el proyecto inaugurado hace solo siete años, que rechaza etiquetas tradicionales entre izquierda y derecha, y que solo se define como progresista, nacional, laico, reformista y transversal.

Sus grandes banderas son la regeneración a fondo de la democracia y de las instituciones, la lucha por la transparencia, contra la corrupción y los privilegios, la consecución de una ley electoral realmente proporcional, la supresión de diputaciones y fusión de municipios, y una reforma constitucional federal, pero sin asimetrías ni diferencias en los sistemas de financiación, con igualdad de derechos en todos los territorios y que devuelva el control de la educación y la sanidad al Gobierno central.

No se fijan metas concretas, pero pelearán por llegar a 4 ó 6 eurodiputados (tienen uno), por estar en 2015 en buena parte de los parlamentos autonómicos y grandes ciudades y por jugar un papel «relevante» en los pactos de gobernabilidad y ser «determinantes» en varios territorios, entre los que destacan sus buenas posibilidades en Madrid y Valencia. Su meta son las generales. Piensan que, «si se resquebraja el bloque de los partidos hegemónicos, nadie sabe hasta dónde puede llegar la marea» de los cambios en el sistema de partidos. Aspiran a ser decisivos en un Congreso que las encuestas auguran como muy fragmentado y que, de ser así, tendría que negociar a varias bandas, no solo ya con la tradicional muleta de los nacionalistas, para la conformación de Gobierno.

Hasta que alcancen su siguiente reto congresual -«ser un partido de gobierno»-, sí tienen claro que prefieren pactar la gobernabilidad desde la oposición que entrar en el Ejecutivo y que pondrán «condiciones indispensables y públicas» tanto para que los acuerdos sean posibles como para romperlos de inmediato -como ocurrió en Asturias- si entienden que se han infringido.

Esas condiciones indispensables son leyes electorales proporcionales, medidas de regeneración democrática y algunas exigencias de tipo económico. Un pacto nacional incluiría, sí o sí, el compromiso de abrir un proceso de reforma constitucional. A diferencia de IU, lo que no harán es ascos a priori a sigla alguna.