Rajoy avisa a Mas de que trabajará «sin descanso» para impedir la consulta soberanista

Solo un asunto no relacionado con la economía tuvo cabida en el balance de fin de año que, ayer, realizó el presidente del Gobierno: Cataluña y la batalla de la Generalitat por celebrar en 2014 un referéndum de autodeterminación con el consentimiento del Estado o sin él. El dato revela que Mariano Rajoy es consciente de la importancia de una cuestión que puede desestabilizar económica e institucionalmente al país pero, de sus palabras, se desprende también que ni cree necesaria ni ve margen para la búsqueda de una solución creativa que permita frenar una bola de nieve que no hace más que crecer desde 2011.

El jefe del Ejecutivo prometió trabajar «sin descanso» para defender un modelo de convivencia que, dijo, «nos ha dado a todos la mayor etapa de prosperidad» de la historia. Y eso no solo significa levantar un muro frente una petición que choca contra el actual marco constitucional sino también obviar propuestas como la del PSOE que, desde hace cerca de un año, no ve más salida a esta crisis que una reforma de la Carta Magna que profundice en los rasgos federalistas del vigente sistema autonómico y, de paso, dé respuesta a algunas demandas de la sociedad actual 35 años después de su aprobación.

Ni siquiera dio mayor trascendencia a la apelación del Rey a las «voces» que reclaman una «actualización de los acuerdos de convivencia». Rajoy tildó de «magnífico» y «muy puesto en razón» el tradicional discurso de Nochebuena del Monarca pero argumentó que ya se están produciendo cambios constitucionales importantes y que esos cambios vienen de Europa: el Pacto Fiscal por el que 25 estados de la UE se comprometieron el 2 de marzo de 2012 a cumplir las llamadas «reglas de oro» del equilibrio presupuestario; la creación de un supervisor bancario único o de un fondo europeo de resolución bancaria similar al FROB español... «Ahí se está cambiando la Constitución», insistió.

Además, dio a entender que a su juicio el sistema funciona de un modo suficientemente razonable como para tocarlo. Así, hizo referencia al hecho de que el Gobierno haya sido capaz de ponerse de acuerdo con el principal partido de la oposición para la renovación, «en tiempo y forma», de órganos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, a la coincidencia en cuestiones relacionadas con Europa y a la posición común de populares y socialistas en una cuestión tan básica como que el referéndum que demandan las fuerzas soberanistas catalanas es ilegal y «no se va a celebrar».

Balones fuera

Ahí se acaba todo. Su carta sigue siendo la misma. A quienes le echan en cara que se quede en el 'no' les replicó que Artur Mas ya sabía cuando lanzó su órdago cuál iba a ser su respuesta porque es la que marca la ley y no cabe otra. «Lo que no se le puede pedir al presidente del Gobierno es que haga algo que no puede hacer, que es disponer de la soberanía nacional, que corresponde a todos los españoles», dijo. Pero insistió en que la ayuda del Estado a Cataluña (y a otras comunidades autónomas que han bordeado la quiebra) a través del plan de proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica ha sido continua. «Yo -adujo- digo 'sí' a los problemas reales».

Lo cierto es que «problemas reales» para Mariano Rajoy solo son los de índole económica. Sobre todos los demás echó balones fuera. Hizo una referencia somera a la ley de transparencia pero, sin embargo, tiró de respuesta de manual cuando se le preguntó si alguien iba a asumir responsabilidades en el PP por el hecho de que el juez que instruye el 'caso Bárcenas', Pablo Ruz, se viera obligado a enviar una comisión judicial a la sede de su formación para buscar, durante catorce horas, unos papeles que no le habían sido entregados. Sobre todo, después de que el propio jefe del Ejecutivo dijera que había dado orden de colaborar con la Justicia.

«El PP -reiteró casi con automatismo- colaborará siempre con la Justicia, respetará siempre las decisiones de los tribunales y hará, como ya he anunciado y hemos aprobado recientemente, todas las modificaciones legales que sean necesarias para evitar que se produzcan situaciones indeseadas en nuestro país».

También pasó de puntillas sobre la polémica que, incluso en su partido, ha desatado la ley del aborto impulsada por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, sobre los comentarios de quienes echan en falta una vicepresidencia económica en un momento como el actual, con batallas como la de las eléctricas, o sobre el posible castigo que pueda recibir el PP en elecciones europeas del 25 de mayo de este año.

Y casi pareció que estaba dispuesto a dar una noticia cuando dijo que no descarta que un ministro encabece la lista de su partido a la Eurocámara, lo que implicaría que de aquí a marzo podría haber una crisis de Gobierno. Pero él solo aguó la idea. «No descarto nada... pero eso no quiere decir nada porque no he dedicado ni un minuto a pensar en ello», concluyó.