Recurrir la sentencia del desfalco tiene unas tasas de 2.800 euros

La vida de Clemente Ruiz cambió el 1 de abril de 2009. Hasta entonces era el cajero jefe de la caja municipal, un funcionario bien valorado por sus jefes y un compañero ejemplar para el resto de la plantilla. Pero ese día fue denunciado, junto a la otra cajera, María José Lebrero, ante la Policía por presuntamente llevarse unos 7,8 millones de euros del recinto que custodiaba. Perdió su empleo, fue a prisión preventiva y lleva más de cuatro años en una batalla legal que se eterniza. Ahora al fin se va a cerrar un capítulo, el proceso contable que lleva el Tribunal de Cuentas y que determina la responsabilidad de que se haya perdido el dinero, que no quién o quiénes se lo llevó. En ello se centra la otra instrucción, la penal, que se encuentra paralizada.

Según la sentencia del órgano fiscalizador los dos cajeros son responsables directos de lo ocurrido ya que eran los encargados de velar por las cajas fuertes y se consideran hechos probados que falsificaron hojas de caja (documentos que verificaban el dinero físico que tenía el Ayuntamiento), además de ser los encargados de custodiar las llaves, de solicitar los talones para lograr fondos y de manejar recogida de dinero de bancos, entidades y de las multas. Es por ello, y atendiendo a lo prescrito, que deben abonar el total de los 7,6 millones de euros, más los intereses que se determinen en las costas del proceso.

Una sentencia a la que cabe recurso, si bien para ello se debe abonar la correspondiente tasa que asciende a unos 2.800 euros. El actual abogado de Clemente, el letrado José Luis Tellado, ha remitido un escrito al Tribunal de Cuentas para pedir que se amplíe el plazo, de unos 15 días hábiles, debido a que su cliente no cuenta con tal cantidad de dinero, motivo por el que ha acudido al Servicio Jurídico gratuito. Es decir, que ha solicitado la defensa de un abogado de oficio. Si se atiende su petición entonces no será necesario que afronte el coste de la tasa cambiando de abogado por uno designado por el Estado. Lo que retrasaría todo el proceso, ya que el nuevo letrado deberá ponerse al día en el tema para poder cursar la defensa del ex funcionario. De conseguirlo sería ya el tercer abogado que defendería los intereses de Clemente.

Precisamente esta situación ahonda en la insolvencia que en varias ocasiones han afirmado tener tanto Clemente como María José, lo que complica que puedan afrontar la cantidad que se les pide. En caso de no poder hacerlo, la sentencia del Tribunal de Cuentas recoge la figura de los responsables subsidiarios, que recae en el resto de implicados que son los superiores directos de los cajeros. Todos ellos ya han preparado su recurso, si bien el proceso se retrasará a la espera de que se resuelva el trámite solicitado por Clemente.

El que más debe abonar es el que fuera tesorero y actual interventor, José Antonio López, que de be hacerse cargo de abonar unos 67.450 euros. En el caso del anterior interventor, Rafael Monzón, que se encuentra ya jubilado, se le exige el pago de 29.779 euros. Una cantidad similar a la que debe afrontar la actual tesorera, María de las Virtudes Gómez, que es de 29.544. Por último el escrito hace referencia a los ex alcaldes andalucistas, Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, a los que se les pide a cada uno la cifra de 29.250 euros.