El PSOE pide una reforma legal para impedir el perdón de las condenas por corrupción

El PSOE quiere prohibir por ley que los cargos públicos condenados por corrupción puedan beneficiarse de un indulto. Fue una de las principales propuestas de la Conferencia Política celebrada el pasado mes de noviembre, ahora convertida en proposición no de ley. La propuesta, registrada en el Congreso por el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, viene a completar otra iniciativa presentada por el principal partido de la oposición el pasado mes de marzo en su intento de combatir la desconfianza generalizada hacia los políticos.

En la anterior propuesta, firmada por el portavoz de Justicia de la formación, Julio Villarrubia, se reclamaba una reforma de la vetusta ley de 1870 para obligar al Gobierno a justificar «de manera expresa» los motivos por los que otorgue la medida de gracia. Y además se proponía hacer exigible la opinión favorable del tribunal sentenciador (en la actualidad éste ha de emitir un informe pero no es vinculante) cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia.

Ahora el PSOE retoma parte de ese texto pero va más allá. Defiende directamente que aquella autoridad que haya cometido delitos en el ejercicio de su función o cargo público, o se haya prevalecido de su posición a fin de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero no puedan ser indultados. Sería, en este momento, el caso del expresidente balear del PP Jaume Matas o el del exalcalde de Torrevieja y exdiputado autonómico Pedro Hernández Mateo, condenado a tres años de cárcel y siete de inhabilitación por amañar la contrata municipal de basuras y cuyo indulto ha sido reclamado por el 85% de los diputados del PP valenciano.

Tráfico de influencias

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró el pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, que a la espera de recibir los informes preceptivos del tribunal y la fiscalía su posición es a priori contraria al indulto de Matas, y subrayó que el actual Ejecutivo no ha concedido esa gracia a ningún condenado por tráfico de influencias. La propuesta del PSOE, en todo caso, haría que esa opción no fuera planteable.

El primer partido de la oposición quiere, además, que cada seis meses el Gobierno remita a la comisión de Justicia del Congreso copia de las resoluciones de los indulto concedidos.