El juez Ruz recabó más de 5.000 documentos de la sede del PP

El requerimiento ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz al PP, que se ejecutó con el envío de la Policía Judicial a la sede nacional del partido la noche del jueves, tuvo sus frutos. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que estuvieron 14 horas en el edificio de la calle Génova 13 de Madrid, se llevaron 5.067 documentos relacionados con las obras de remodelación. Unos trabajos que investiga el instructor al sospechar que se pagaron en parte con dinero negro.

Según los 15 folios del acta de entrada, los servicios jurídicos del partido entregaron a los agentes 32 legajos, hojas de costes, estimaciones de presupuestos y un CD sobre la remodelación que llevó a cabo la empresa Unifica entre 2005 y 2011, y cuyo arquitecto y dueño Gonzalo Urquijo está imputado por delito fiscal y falsedad documental.

Estos 5.067 documentos, algunos titulados 'Unifica, planta baja, presupuestos varios' o 'Carpeta Unifica, contrato de ejecución de obra a precio alzado con suministro de materiales', son diez veces más de las 520 «hojas fotocopiadas» que los populares mandaron al juez Ruz en agosto pasado, después de que éste les reclamase los papeles de la obra.

El acta de entrada indica que los agentes de la UDEF revisaron los servidores informáticas del departamento económico de Génova 13: Tesorería, Gerencia, Caja y Auditoría Interna. Una supervisión en la que estuvo presente la tesorera nacional, Carmen Navarro.

Se revisaron, con resultado negativo para la investigación, correos electrónicos de Luis Bárcenas, de Cristóbal Páez y de Álvaro Lapuerta. En el primero aparecieron dos cuentas denominadas 'lbarcenas' y 'lbg' sin resultados. En los otros dos, en cambio, no había carpetas ni correos «porque fueron borrados», dice el acta. Un decisión que el PP dice que debió de ser tomada por los usuarios, ya que manifiesta que «ninguna persona de tesorería o gerencia ha ordenado dicho borrado».

También se revisaron los correos del cajero Luis Molero, la jefa de contabilidad Milagros Puente (presenteen el registro), de tres secretarias del departamento y de otros tantos auditores, sin que se obtuvieran resultados positivos para la investigación. Sin embargo, los agentes encontraron dos correos relevantes en la carpeta de Antonio de la Fuente, exjefe de seguridad de Génova 13 y cuñado de Bárcenas, al que el juez Ruz podría imputar en días por los «descuadres contables» de las obras de remodelación. El implicado también estuvo presente en el análisis de su ordenador, acompañado del que fuera fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, que asesoró al PP durante el requerimiento.

Ruz continuará

Los documentos recogidos por la UDEF serán analizados e incluidos en un informe que remitirán al juez Ruz. Precisamente, el magistrado recibió ayer una buena noticia. Supo que casi con total seguridad seguirá instruyendo el caso de la supuesta contabilidad B del PP hasta junio.

Y es que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó por unanimidad respaldar la «positiva labor» que viene realizando Ruz en el Juzgado Central número 5, y pidió al Consejo del Poder Judicial su continuidad seis meses más. La comisión permanente se reunirá esta semana para ratificar la renovación, según fuentes jurídicas consultadas.

El instructor de 38 años está en la actualidad en comisión de servicios, es decir, en una situación temporal que ha sido renovada cada seis meses desde enero de 2011. El último permiso llego en julio pasado, cuando el Consejo del Poder Judicial decidió mantenerle como juez de apoyo por otros seis meses, que empezaría a contar cuando el titular del juzgado, el magistrado y exvocal del Consejo Miguel Carmona, tomara posesión del cargo.

Esta posibilidad no ocurrirá de forma inmediata. El Gobierno, paradojas de la vida, acordó el pasado 22 de noviembre que Carmona se fuera a Londres como juez de enlace de España en el Reino Unido. Un cargo donde se podría jubilar, ya que tiene 66 años.

La decisión dejó vía libre a Ruz, titular de un juzgado de la localidad madrileña de Collado-Villalba, para su continuidad en la Audiencia Nacional. La Sala de Gobierno avaló la labor del juez y el hecho de que su juzgado tiene mucha carga de trabajo, ya que acumula sumarios de enjundia en materia de corrupción y de delitos económicos, algunos en fase final de instrucción, como la parte central del 'caso Gürtel'.