Electrocutados

Todo parece indicar que acabaremos con velas alumbrando a nuestros semejantes como ocurría en la caverna de Platón. Posiblemente también, en ese ambiente de precariedad y penuria que hoy significa el uso de velas, podremos observar la realidad a través de la ficción en la que hemos vivido desde el año 1997 en materia energética. Pero el agujero financiero de magnitudes desproporcionadas comienza a labrarse a partir de 2004, cuando España se sube al tren de las energías renovables, al albur de una legislación que prometía a los inversores unos rendimientos mayores de los que resultarían de una situación ordinaria de mercado.

Pero el gran disparate tuvo lugar en 2007, momento de la gran 'borrachera' de dispendio de un Gobierno manirroto que legislaba en el cortoplacismo y que debía suponer que la economía ya no tenía una dimensión cíclica, como naturalmente tiene, decidiendo promulgar el R.D. 661/2007, copia literal de una ley alemana, que aseguraba a los inversores unas primas que igualaban las que había pagado en su día Alemania. Pero miren por dónde, al Gobierno 'zapatético' se le olvidó una vez más lo más importante y que le producía auténticas urticarias en todo su espectro corporal como ha quedado puesto de manifiesto en muchas de sus disposiciones de la época. En el caso que ahora nos ocupa, el Real Decreto referido olvidó por completo la fórmula de refinanciación de los sobrecostes que con toda seguridad originarían las primas a las renovables, lo que únicamente podía hacerse a través de la correspondiente subida de precios, o en su caso asumirlo como gasto a financiar a través de los Presupuestos del Estado. Todo este proceso inversor en el sector de las infraestructuras eléctricas, puede ser sistematizado numéricamente del siguiente modo: la potencia instalada en 2012 era de 108.000 megavatios, para una demanda en ese año de 44.000 megavatios. Es decir, mucho más del 50% de las instalaciones no fueron objeto de uso por falta de demanda.

¿Qué ha ocurrido ahora? Muy sencillo, el Gobierno entiende que hay que pagar la energía que consumimos al suministrador de la misma. La bola del desfase entre ingresos y gastos durante los últimos años ha ido engordando hasta los 28.000 millones. O sea, hemos pagado la energía a un precio irreal, por debajo de su coste. La nueva Ley del Sector Eléctrico de 19 de diciembre, deroga la anterior de 17 de octubre de este año y todo justificándolo en algo que aburre: la gravedad de la herencia recibida y el déficit público.