El PSOE cree que las jóvenes irán a la «clandestinidad» para poder abortar

El primer día tras la aprobación por el Gobierno del anteproyecto de ley que reforma el aborto sirvió para que el Ejecutivo recibiera una segunda oleada de críticas desde todos los ámbitos -políticos, incluso de aquellas formaciones conservadoras más cercanas, sanitarias y sociales- y escasos apoyos. El PSOE fue uno de los más beligerantes en un acto organizado en su sede madrileña de Ferraz para mostrar su rechazo y reiterar su apoyo a todas las mujeres que deseen abortar y a cuantas movilizaciones sociales se produzcan en contra de esta futura ley que trata «como incapaces a las mujeres», según denunció Elena Valenciano. Además de estar al lado del rechazo popular , el principal partido de la oposición intentará paralizar una ley que hace retroceder a España treinta años y la convierte en la «excepción» de Europa. «Vamos a volver a asistir a los chárteres para ir a Londres», apuntó la número dos del PSOE, quien recordó a aquellas mujeres que acudían a abortar al Reino Unido cuando era ilegal en España. «Y esto creían las más jóvenes que no iba a ocurrir», añadió la dirigente socialista en un acto en el que apareció por sorpresa Alfredo Pérez Rubalcaba.

El líder de la oposición cargó con dureza contra el Gobierno de Rajoy -«desde hace dos años hace daño a las mujeres cada día», indicó antes Valenciano-, al que acusó de promover indirectamente la interrupción del embarazo de forma ilegal, ya que el dinero marcará quién puede o quién no puede optar por esta opción. «Quien tenga recursos va a poder seguir abortando libremente -señaló Pérez Rubalcaba-, pero quien no los tenga va a pasar a la clandestinidad, el peligro y al miedo». Además, fue muy crítico con esta ley que retrocede «mucho más» que a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, que fijó los supuestos, y que se convirtió en el eje fundamental de este anteproyecto que solo permite abortar a la mujer en caso de problema físico o mental -previo informe de dos facultativos- o en caso de violación.

Además, entre otras medidas de la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia se encuentra la ampliación de tres a siete días el periodo de reflexión de la mujer para que tome la decisión final de abortar. También se modifican las vías con las que se da información a la mujer, que serán tanto por escrito -como hasta ahora, en un sobre cerrado- como verbales, debido a que no hay «seguridad», según fuentes ministeriales, de que la gestante lea la documentación. Unas aristas de «una afrenta», como apuntó la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, que lleva al país «a la oscuridad» llevado por «la extrema derecha». Una reforma radical que tampoco comprenden otros partidos como el PNV. «Ni comparto ni entiendo el anteproyecto de la nueva ley del aborto. Había un amplísimo consenso social que ahora se ha roto. Un paso atrás», apuntó Iñigo Urkullu.

Riesgo y ecografías

La modificaciones de esta norma tampoco gustan al sector sanitario, tanto público como privado. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) indicó que suponen un gran problema para las españolas porque imposibilita «en la práctica la realización de abortos». En la misma línea se pronunciaron las clínicas abortivas, que tienen dudas sobre la viabilidad sobre cómo se determina el conflicto psicológico. «Es la mujer, y solo ella, la que tiene que saber si puede sobrellevar o no la disfunción psicológica y vital que tal situación le puede suponer», apuntó, en un comunicado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En el otro lado de esta polémica balanza se sitúa el PP y las asociaciones provida. La secretaria nacional de Educación e Igualdad de los populares, Sandra Moneo, aseguró que la norma «defiende y protege los derechos de la mujer» y que, en este sentido, la interrupción voluntaria del embarazo «nunca puede ser un derecho». Por su parte, la organización Derecho a Vivir ha exigido al Ejecutivo que sean psiquiatras y no psicólogos los que determinen el estado de las mujeres. Además, su presidente Ignacio Arsuaga pidió que en el estudio legal posterior sea obligatorio que se enseñe una ecografía a las mujeres y que el supuesto de violación sea eliminado del texto definitivo.