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Valderas, en la reunión de la Presidencia Ejecutiva Federal de IU. :: EFE
ANDALUCÍA

La Junta estudia recurrir la Ley del Aborto por limitar derechos y libertades

Elena Cortés califica la iniciativa como «patriarcal, dogmática y violenta» y anima a los ciudadanos «a manifestar de todas las formas posibles su rechazo»

EFE
GRANADA/MÁLAGA.Actualizado:

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local, Diego Valderas, señaló ayer que el Gobierno andaluz estudia interponer un recurso a la Ley del Aborto aprobada por el Gobierno central al considerar que limita derechos y libertades. A preguntas de los periodistas y durante una visita al municipio granadino de Armilla, Valderas anunció que estudian interponer el recurso a la reforma aprobada ayer por el Gobierno central al considerar que supone «una limitación de libertades y un recorte de derechos a las mujeres».

Valderas recalcó que el Gobierno andaluz está «muy sensible» con la modificación y lamentó que el Gobierno central aprobara una ley que reduce el número de supuestos permitidos para abortar que «nos retrotrae al periodo de la transición política». Reprobó al PP que sume al «largo túnel de la crisis» el recorte de derechos y libertades por el que, a su juicio, «estamos retrocediendo de forma indecente e inaceptable».

«Vamos a estudiar todos los elementos muy a fondo, vamos a analizar si hay base suficiente para recurrir. Si la hay, porque se limitan los derechos de los ciudadanos, ahí estaremos», incidió Valderas.

Por su parte, la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, criticó en Málaga la Ley, que calificó de «patriarcal, dogmática y violenta» y animó a los ciudadanos «a manifestar de todas las maneras posibles su rechazo». Cortés, que asistió a las primeras pruebas dinámicas con pasajeros del Metro de Málaga, afirmó que es una ley «patriarcal» porque «va a laminar la independencia y la autonomía de las mujeres respecto a su salud sexual y reproductiva».

Añadió que también es «dogmática» porque «traslada el concepto de pecado que pueda tener el Gobierno a una sociedad que es plural, aconfesional y compuesta por más de un 51 por ciento de mujeres». Además, consideró que se trata de una ley «violenta», porque «va contra la convivencia en un Estado social, democrático y de derecho. El conjunto de la ciudadanía debe manifestar de todas las maneras posibles, en movilizaciones y concienciación, el rechazo a una ley que nos devuelve más allá de 1985 y que hace parecer que las mujeres somos enemigas de esta sociedad», agregó.