Lesmes promete un Poder Judicial transparente en una comparecencia sin preguntas

Carlos Lesmes prometió ayer regenerar a fondo el funcionamiento del Consejo del General del Poder Judicial desde los presupuestos de la «austeridad», la «independencia» y la «transparencia», pero lo hizo durante una comparecencia ante los medios informativos en la que no admitió preguntas.

El formato elegido impidió que, en su primera intervención pública desde que llegó a la presidencia de la institución, se le pudiese preguntar por la dura denuncia de los 46 jueces decanos españoles, que el miércoles aseguraron que el nuevo Consejo ha quedado «herido de muerte» por ser fruto de un reparto de cuotas entre los partidos. Creen que lo han convertido en «un apéndice del Ministerio de Justicia» y que «transmite una terrible imagen de contaminación política».

Tampoco fue posible conocer la valoración del también presidente del Supremo sobre otro asunto de calado, como es la impugnación presentada por Unión Progreso y Democracia ante el alto tribunal para que anule el nombramiento por el Congreso y el Senado de los 20 vocales del Consejo y la posterior elección del propio Lesmes por considerar que son el resultado de un mero reparto de puestos partidista que viola lo dispuesto por la Constitución y pone en riesgo la independencia de los tribunales.

El presidente del Poder Judicial, según admitió un componente del pleno, no quiso arriesgarse a que «la coyuntura», de la que también formaba parte ayer el registro judicial de la sede del PP por el 'caso Bárcenas', pudiese eclipsar su exposición de planes e intenciones para los próximos cinco años de la institución.

Sin criterio ideológico

Lesmes, de hecho, dirigió a los informadores un discurso de casi media hora en el que dijo que tiene la intención de «refundar» el gobierno de los jueces, para adaptar su funcionamiento a los importantes cambios introducidos por el Ejecutivo en la estructura de la institución.

Prometió «buen gobierno», «austeridad» y «transparencia» en la gestión económica y en la política de nombramientos de la cúpula judicial, con publicidad total del proceso para que se pueda comprobar que se elige solo «a los mejores» para ocupar plazas en el Supremo o en las presidencias de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales.

El magistrado indicó que vienen «a servir a todos por igual», por lo que descartó los tradicionales criterios ideológicos en las designaciones, ni favorecer a unas asociaciones judiciales sobre otras o a los asociados sobre los que no lo están. Valorarán el currículo, reflejarán la pluralidad de la carrera y la sociedad, y favorecerán la llegada de mujeres a la cúpula judicial, que, pese a ser mayoría en los tribunales, tienen en la actualidad vedados los puestos relevantes.

A modo de resumen, concluyó que sus principales objetivos son «garantizar la independencia judicial», buscar «la excelencia» en el ejercicio profesional, y exigir «responsabilidades» disciplinarias ante las malas prácticas.

El presidente, con el respaldo unánime de los 20 vocales del Consejo, ha elegido para acompañarle en la tarea y para dar al Supremo «el impulso» que cree que necesita a su amigo y hasta ahora presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, nuevo vicepresidente del alto tribunal, a quien definió como la persona «idónea» para este cometido por su «sencillez, eficacia y espíritu de servicio».

El primer pleno ordinario también logró el máximo consenso para designar a los miembros de las cuatro comisiones del Consejo -permanente, disciplinaria, económica y de igualdad-, fiel reflejo del amplio pacto político entre PP, PSOE, IU, PNV y CiU -el 93% de las Cortes- que respaldo los nombramientos.