El juez Ruz acusa al PP de crear un sistema de facturas falsas para pagar la obra de su sede

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz mantiene más viva que nunca la causa sobre la supuesta contabilidad secreta del PP tras el requerimiento de la noche del jueves y por el que mandó a la Policía Judicial a la sede central del partido en el Gobierno. Los agentes recogieron durante más de 14 horas entre el jueves y el viernes documentación referida a las obras de remodelación del edificio de la calle Génova 13 y, en general, elementos relacionados con la presunta contabilidad B del partido.

El magistrado fundamentó la presencia de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) por la falta de colaboración de los servicios jurídicos del PP para esclarecer el pago de dichas obras. La razón es que los abogados aportaron hace dos semanas a la Fiscalía Anticorrupción 17 facturas u órdenes de pago para defender la legalidad de sus cuentas. Ello pese a que el juez les había solicitado todos los documentos cinco meses antes, en julio, y el partido mandó «520 folios fotocopiados».

Sin embargo, del material que entregó ahora el PP al menos doce facturas son nuevas, según el juez, lo que desmiente el comunicado enviado la pasada madrugada por los populares, que aseguraron que se trataba de copias de documentos contables enviadas en verano.

La airada reacción de los letrados populares en su escrito a Anticorrupción llegó sólo cuando el juez Ruz movió ficha tras imputar al arquitecto de la obra, Gonzalo Urquijo, y confirmar en un auto de finales de noviembre los indicios de que parte de estos trabajos, «un 30%», según declaró el extesorero Luis Bárcenas, se pudieron haber abonado en dinero negro al dueño de Unifica.

Se trata de una cuantía que superaba el millón de euros, aunque solo sería penalmente reprochable 880.000 euros de 2008, por ser un año aún no prescrito, y que procedería del remanente de la contabilidad paralela que manejaban los tesoreros y gerentes del partido cuando se llevó a cabo la remodelación entre 2005 y 2011.

En ese periodo los responsables de las cuentas del PP eran Álvaro Lapuerta, Cristóbal Páez y el propio Bárcenas, los tres imputados en la causa y el último, además, preso por la pieza separada del 'caso Gürtel' sobre la fortuna que escondía en Suiza. El juez limita por ahora la responsabilidad penal a ellos tres, aunque no descarta abrir el abanico a otros altos cargos según se vaya desarrollando la investigación de la obras en la sede. Un punto de inflexión puede ser la documentación recogida en Génova 13.

Acción delictiva organizada

Para el magistrado, del registro de la sede de Unifica, llevado a cabo en septiembre, y de las declaraciones posteriores de los imputados se revelaría indiciariamente una actuación coordinada entre Unifica y los entonces responsables de la Tesorería y Gerencia del PP para «dar cobertura a una facturación oficial ficticia» para pagar las obras del edificio de la calle Génova 13.

Este sistema consistía, según el auto judicial, en que parte de los trabajos en las diferentes plantas del edificio serían liquidados con cheques procedentes de fondos lícitos, por un lado, y el resto se abonaron con fondos ajenos y que pudieron guardar correspondencia con las anotaciones contables recogidas en los denominados 'papeles de Bárcenas'.

Los indicios sobre estos «descuadres» en las cuentas aparecieron en la abundante documentación incautada en la sede de Unifica. Sobre ellos fueron interrogados el pasado lunes el dueño de la empresa, Gonzalo Urquijo, y el exgerente del PP Cristóbal Páez. El auto señala que ninguno de los dos ofreció «una explicación suficientemente consistente sobre tales extremos».

Un ejemplo de este baile de cifras son las obras de la cuarta planta del inmueble. En la nueva documentación aportada por el PP a Anticorrupción, en el marco de un escrito muy crítico con la Policía Judicial y el juez Ruz, que ya había advertido de la presunta existencia de una «corriente de pagos en el PP continua en el tiempo», los abogados del partido cifran los trabajos en 560.585 euros, mientras que una factura requisada a Unifica los eleva hasta 701.418 euros.

En otra factura decomisada aparece adjunto un correo electrónico remitido por Urquijo el 26 de febrero de 2008 a Páez en el que dice: «Estimado Cristóbal, según comentamos telefónicamente te adjunto la factura correspondiente al 60% de la certificación final de obra de la planta quinta y el 100% de los anexos. Si estás de acuerdo con ella, te hago llegar los originales». Una prueba de que hay un 40% del pago de origen desconocido.