La juez de los ERE vuelve a plantear la imputación de los expresidentes Chaves y Griñán

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no pudo ser ajeno a que se usó un mecanismo poco idóneo para pagar los ERE y ayudas directas a empresas, según la tesis que la juez instructora del supuesto fraude de las prejubilaciones sostiene en el nuevo auto por el que plantea de nuevo la imputación de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de cinco exconsejeros, todos aforados por su condición de parlamentarios o senadores.

Alaya dejó claro ayer que su objetivo es la cúpula de la administración andaluza, ya que en menos de una semana concretó, como le pidió la Audiencia Provincial de Sevilla al anular su anterior auto, las sospechas que alberga sobre los altos cargos que permitieron el «uso ilícito de los fondos públicos» al amparar el pago de ayudas mediante fórmulas que escapaban a cualquier fiscalización y que se usaron de forma irregular. Y lo hace, según afirma, por «imperativo legal».

La juez utiliza como base para su argumentación, en la que siguen sin constar los supuestos delitos achacables a cada uno, aunque la Audiencia ya dijo entender que se trataba de malversación y prevaricación, los testimonios de los técnicos de las Consejerías de Hacienda, Empleo o la propia Intervención General de Hacienda, que alertaron en una quincena de ocasiones de la utilización anómala del procedimiento de transferencia de financiación. Especialmente llamativa son las citas que hace del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado durante varios meses en 2012 y que llegó a reconocer ante la juez que tanto el presidente de la Junta como el resto de miembros del Consejo de Gobierno «debían tener conocimiento» del sistema de concesión de ayudas. «Un consejero nunca actúa en contra de lo que decide o indica el Gobierno de la Junta», rememora ahora Alaya para subir el escalón y concluir que el uso de esa fórmula era algo consensuado.

El auto detalla cómo el expresidente Manuel Chaves aprobó en 2000 y 2001, y a instancias de la exconsejera Magdalena Álvarez, hasta siete modificaciones presupuestarias por un montante de 93 millones. Un desvío de las cuentas provocado por el uso de un mecanismo sin control, la transferencia de financiación, para pagar prejubilaciones y ayudas directas a empresas que se debían haber tramitado, según defendió el exinterventor general, como subvenciones, más lentas pero con mayor fiscalización. Ese mecanismo se incorporó posteriormente a las cuentas públicas con su consolidación como partida presupuestaria, el famoso 'fondo de reptiles'.

En este punto es donde señala no solo a Chaves, sino también a Griñán, ya que en reuniones «de alta cualificación técnica» a las que asistían otros dos ex altos cargos señalados en este auto, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, supo que esa partida se incorporaba a los Presupuestos. La juez Alaya no cree, como ha mantenido hasta ahora Griñán, que no supiese de los reparos de la Intervención o de los informes posteriores en los que se «seguía incidiendo en la absoluta ausencia de procedimiento y en sus consecuencias legales». Unos informes y reparos que también fueron remitidos a las consejerías de Empleo e Innovación, responsable ésta de los pagos, de ahí la posible implicación de los otros exaltos cargos, los exconsejeros José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo.

'Operación Cirene'

El auto se notificó a las partes casi al mismo tiempo que la juez Alaya ordenaba a decenas de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acudieran a la sede central de UGT Andalucía para registrar el edificio en busca de datos sobre las supuestas facturas falsas que acreditarían el uso de dinero de planes de formación para gastos internos como comidas de feria u obsequios para congresos.

El registro se enmarca en la denominada 'operación Cirene', según explicó la Guardia Civil, y aunque no se produjeron detenciones, sí que se registraron tres empresas vinculadas a la central andaluza e incluso el despacho de un asesor del sindicato durante varios años, el que fuera alcalde socialista de Sevilla Manuel del Valle.

Una operación que algunas fuentes entienden encaminada a evitar la destrucción de pruebas, ya que llega después de que la cúpula del sindicato, que ayer se quejó de «indefensión» al no ser avisada de los registros, denunciara la desaparición de material informático a causa de un supuesto sabotaje interno.