La Guardia Civil registra UGT en busca de pistas de las posibles facturas falsas

El caso de las facturas falsas de la Unión General de Trabajadores (UGT) adquiere una nueva dimensión. Más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil realizaron ayer una aparatosa operación de registro en la sede regional del sindicato, en pleno centro de Sevilla, y en otros tres inmuebles relacionados, a la búsqueda de pistas sobre los fondos destinados a la formación de parados que pudieron haber sido utilizados para otros fines, como comidas en la feria y maletines de regalo a afiliados. La operación, apodada 'Cirene', como la antigua ciudad griega del norte de África, fue ordenada por la jueza Mercedes Alaya, la instructora de los ERE, a la que el juez Ruz le cedió esta investigación el pasado octubre. La Guardia Civil no realizó ninguna detención.

La causa partió de una denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusaba a UGT Andalucía de falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con dinero de la Junta de Andalucía destinado a cursos de formación a desempleados. Las sospechas de un posible mal uso del dinero que la Junta concedió a UGT tanto para los cursos como para otros programas o servicios laborales fue engordando con denuncias aparecidas en algunos medios.

A resultas de esto, el Gobierno andaluz inició una revisión exhaustiva de las ayudas a UGT. La Junta ya ha encontrado posibles irregularidades en el cobro de 1,8 millones de euros. El escándalo precipitó la dimisión el pasado 29 de noviembre de Francisco Fernández Sevilla, quien había sustituido a Manuel Pastrana como secretario general de UGT-A en mayo.

La embrollada situación de UGT se enredó aún más cuando la cúpula en funciones denunció a la policía la pasada semana el robo de 1.756 archivos informáticos que le impedían justificar las facturas investigadas por la Junta. La dirección culpó de la pérdida a Laureano Conde, un empleado que fue despedido. Este acusa a sus antiguos jefes de «mentir» y de utilizarle de cabeza de turco.

Los agentes de la UCO tenían ayer la misión de indagar tanto en documentación en papel como en informática relacionada con los fondos para cursos. Las pesquisas también se encaminan a esclarecer el supuesto robo de los archivos informáticos, según fuentes de la UCO.

Los agentes iniciaron la operación a las 10.30 de la mañana en los dos edificios de la sede regional en la calle Antonio Salado, pero también acudieron a las sedes sociales de las empresas Soralpe y Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo, situadas en otras calles de Sevilla y donde permanecieron hasta pasadas las seis de la tarde. Los investigadores se llevaron numerosa documentación.

Oficina de Manuel del Valle

Geosur es una oficina del ex alcalde socialista de Sevilla Manuel del Valle Arévalo, que explicó posteriormente que, como abogado, había asesorado a UGT en dos promociones de viviendas, en Sevilla y en Jerez de la Frontera, y que la firma está en disolución. Los proyectos, que no llegaron a realizarse, se gestionaron en 2006.

En la sede regional cundió el nerviosismo, ya que la Guardia Civil impidió a todos los trabajadores salir de sus dos edificios durante horas. Se dio la circunstancia de que el secretario de Organización, Manuel Ferrer, máximo responsable ahora, no se encontraba en la sede. Llegó horas más tarde.

Dos miembros de la ejecutiva ugetista, José Ginel y José Carlos Mestres, permanecieron con la Guardia Civil durante los registros que se prolongaron durante más de once horas. Pasadas las nueve y media de la noche aún había presencia de los agentes en la sede. Los guardias llenaron dos furgonetas de cajas con archivos copiados y material documental, en papel y en digital.