El director de la Policía alaba la ausencia de violencia en las protestas contra el Gobierno

España registró en 2013 el mayor número de manifestaciones de su historia, sin embargo apenas ha sido necesario el uso de la fuerza policial para controlarlas. Así lo afirmó ayer el director general de Policía, Ignacio Cosidó, quien cifró solo en 84 las concentraciones en las que se registraron incidentes violentos, y en las que únicamente en 18 se hizo necesaria la intervención de las fuerzas de seguridad.

En base a las cifras ofrecidas, Cosidó valoró que en estos momentos «existe un sentimiento de la responsabilidad y el respeto» entre los ciudadanos que protestan que va unido al «sentido de proporcionalidad y profesionalidad» de la Policía. Sus palabras chocan sin embargo con los pasos dados en el último mes por el Ministerio del Interior, del que depende la Policía, que ha promovido sendas leyes de seguridad. El Consejo de Ministros aprobó el 29 de noviembre el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que da potestad a la Administración para imponer sanciones de hasta 600.000 euros para aquellos que causen desordenes públicos en manifestaciones que no hayan sido comunicadas a la Delegación de Gobierno.

Interior ha negado por activa y por pasiva la acusación de la oposición y distintas plataformas ciudadanas de que la norma se haya elaborado con el fin de contrarrestar las protestas ciudadanas contra la política de recortes del Gobierno. El propio ministro Jorge Fernández Díaz alegó el pasado domingo, a raíz de los disturbios en torno al Congreso en la manifestación convocada el sábado precisamente contra la Ley de Seguridad Ciudadana, que la futura norma «garantizará que personas que destrozan mobiliario o queman contenedores sean sancionadas como corresponde porque alteran la seguridad ciudadana».

En la misma línea de contundencia con los violentos, Interior hizo pública el lunes su intención de adquirir un camión con un cañón de agua para disolver manifestaciones, un método que se desechó hace 20 años al considerarse demasiado peligroso y poco práctico. A pesar de estos pasos, y refiriéndose a los disturbios del pasado sábado alrededor del edificio de la Cámara baja, el director general de la Policía afirmó que estos, aunque «lamentables e inadmisibles», se limitaron a «actos puntuales protagonizados ya no por una minoría sino por personas marginales».

No hay demanda ciudadana

Durante su alocución en un acto con representantes de empresas de seguridad privada, Cosidó también se refirió a la reforma de la ley para que los vigilantes jurados tengan la potestad de arrestar a personas en la vía pública para después ponerlas a disposición de las fuerzas de seguridad. El máximo responsable de la Policía reconoció que «en absoluto esta ley responde a una demanda ciudadana de seguridad», pero precisó que «es responsabilidad del Gobierno trabajar para tener una seguridad aún mejor». Cosidó fue más allá y vaticinó que la reforma de la Ley de Seguridad Privada impulsada por el Ejecutivo español será un ejemplo a seguir para otros estados de la Unión Europea y América Latina.

En cualquier caso, el director de la Policía aseguró que a la hora de elaborar la norma «nunca se ha pensado en una sustitución de la seguridad pública por la privada sino que se habla de un principio de mejora de la colaboración».