El Gobierno avisa a Mas de que «no hay nada que negociar ni discutir» sobre la consulta

El Gobierno ultima su ofensiva institucional y jurídica para frenar el referéndum de autodeterminación de Cataluña. De momento, esconde sus cartas, pero su baza más disuasoria es el artículo 155 de la Constitución. Este precepto establece que si una comunidad autónoma incumple la Constitución u otras leyes, el Gobierno podrá requerir legalmente al presidente de dicho territorio que deponga su actitud. Si persiste en la ilegalidad, el Gobierno, previa aprobación por mayoría absoluta del Senado, podría obligar «al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones». Curiosamente, este artículo de la Carta Magna se ha convertido en una especie de tabú en la Moncloa al que nadie quiere referirse, al menos de momento.

El Ejecutivo sólo contempla dos posibles escenarios que, a su juicio, tendrían el mismo desenlace, la consulta nunca se celebrará. El primero, que Artur Mas recupere el «sentido común», olvide sus pretensiones separatistas y negocie un nuevo modelo de financiación autonómica que ayude a sacar a Cataluña de la crisis. El segundo, que CiU y ERC sigan adelante con su «plan suicida» hasta que la Cortes Generales y el Tribunal Constitucional ponga fin a la aventura, lo que podría provocar un nuevo adelanto electoral en Cataluña.

Soraya Sáenz de Santamaría enfatizó ayer que el Gobierno «no tiene nada que discutir ni negociar sobre la consulta». La vicepresidenta, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, calcó la hoja de ruta que expuso el día anterior Rajoy y limitó la oferta de diálogo con la Generalitat a un trabajo conjunto para fortalecer los lazos económicos, sociales, políticos y afectivos de los catalanes y del resto de los españoles.

La portavoz gubernamental, que en los últimos meses ha mantenido diversas reuniones y conversaciones con la vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, eludió concretar si la Moncloa mantendrá abierto los puentes con la Generalitat. Sáenz de Santamaría se limitó a contestar que el Gobierno de España es también el de los catalanes y que, por lo tanto, continuará con su labor para que estos ciudadanos «se vean lo menos perjudicados posibles» por un proceso que, a su juicio, sólo tiene como objetivo «fracturar a la sociedad, alentar la división y generar en los ciudadanos la sensación de incertidumbre, contraria a la estabilidad que todo el mundo necesita».

Fuera de la ONU y la OTAN

Tal y como adelantó el mes pasado Rajoy, tanto sus ministros como los máximos dirigentes del PP protagonizan una campaña pedagógica para intentar desmontar lo que califican «mentiras oficiales» de la Generalitat. El principal titular que quieren transmitir es que Cataluña, sin España, tendrá serios problemas financieros, comerciales y diplomáticos. El titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, alertó de las «serias dificultades» que tendría una Cataluña independiente para estar en organizaciones clave como la ONU o la OTAN. Una idea que unió a la inevitable salida de la Unión Europea, como constató anteayer en Madrid el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, apostilló a su vez que «nadie va a poner en peligro la unidad de España mientras esté gobernando el PP», aunque reconoció que en estos momentos «nos jugamos mucho». El presidente de Extremadura, el popular José Antonio Monago, fue más allá y reclamó responsabilidades penales para los responsables de la consulta nacionales «que no son los catalanes, sino el Gobierno catalán».