El PP carga contra el juez Ruz y la Policía Judicial para negar los pagos en B de su sede
Remite un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para acreditar la legalidad del cobro de las obras y acusar a Bárcenas de urdir las facturas falsas
MADRID. Actualizado: GuardarLa defensa del PP entró ayer como un elefante en un cacharrería en el 'caso Bárcenas', la causa que investiga la supuesta contabilidad secreta del partido, para desmentir al juez Pablo Ruz y, sobre todo, a la Policía Judicial el contenido del auto que más daño ha hecho al partido desde que comenzó la investigación en marzo.
Se trata de la resolución del 22 de noviembre, en la que Ruz, a partir de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Judicial, constata la supuesta existencia «de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas».
Una afirmación «que ha perjudicado gravemente la imagen» de los populares, según su abogado Alberto Durán, y que partió de los indicios hallados por el juez que confirmarían que el partido pagó en B parte de las obras de su sede nacional, situada en la calle Génova número 13 de Madrid.
Fueron varias entregas al arquitecto Gonzalo Urquijo de 184.000 euros en 2006 y 888.000 en 2008, hasta sumar un total de de 1.072.000 euros en dinero negro. Motivo por el cual el receptor declarará como imputado este lunes por delitos fiscales, contable y de falsedad documental. Y también será interrogado como imputado el exgerente del PP Cristóbal Páez, al ser considerado cooperador necesario en el cobro de estas facturas.
Con estos precedentes, la defensa del PP mandó un escrito a la Fiscalía Anticorrupción, no al juez Ruz, en el que trata de contradecir los indicios apuntados con una versión de los hechos y algunas facturas que acreditarían, a su juicio, que las obras de su sede se pagaron con cheques o transferencias bancarias «correctamente asentadas en su contabilidad oficial».
El abogado parte de que el informe de la Udef utiliza «simples presunciones» y «tiene escasísima entidad» para llegar a la conclusión de que los documentos encontrados en la sede de Unifica, la empresa del arquitecto Urquijo, coincide con anotaciones de los 'papeles de Barcenas', al que los investigadores parecen creer «a pies juntillas».
Sin embargo, añade el letrado, los investigadores «no examinan documentos, datos y registros contables aportados por el PP en los que se confirma que se han pagado todas las transferencias bancarias y cada una de las facturas».
Asuntos de Bárcenas
Para el PP, el informe de la Udef ni si quiera se plantea como hipótesis, por ejemplo, que esas anotaciones hayan podido servir para amparar algún otro hecho distinto, «estrictamente particular de Barcenas, y probablemente ilícito».
Y pone el acento en un caso práctico para rechazar las entregas en B y presuponer que el extesorero reescribió las notas secretas sobre las obras de Génova 13, incluidos los recibís con el membrete del partido. «Un pago en negro no se documenta, y si se hace resulta inverosímil que se emplee la forma del duplicado de un recibo anterior, pagado por banco», asegura el responsable de los servicios jurídicos del PP.
La defensa de los populares explica, además, que en una obra es «absolutamente normal» que exista anulaciones de facturas como las contenidas en los documentos hallados en la empresa de Urquijo. «Nadie concibe el desarrollo de una obra tan voluminosa sin la constante discusión de partidas y conceptos incluidos en facturas (...). Es lo más normal del mundo», señala. Pero más adelante añade el abogado que «lo más lógico es pensar que esos documentos fueron anulados por Bárcenas para encubrir alguna actuación particular poco confesable».
El PP asegura asimismo que la «corriente de pagos en B continua en el tiempo» que acreditó el juez Ruz en su auto «debería matizarse», ya que la Agencia Tributaria, en contra de lo que dice el instructor, sostiene que «no es cierto que avanzara nada».
Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, consideraron un «despropósito» el escrito del PP y calificaron de «desacertada» la actitud del partido gubernamental por calificar de «parcial y poco solvente» el informe de los expertos de la Udef.