Rajoy no declarará en el 'caso Bárcenas' por ser «impertinente» y «extemporáneo»

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cerró ayer la última puerta para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en el 'caso Bárcenas', la causa que investiga la supuesta contabilidad B del PP. El argumento de la Sección Cuarta es que el juez instructor Pablo Ruz ya descartó en su momento la comparecencia de Rajoy y no hay nuevos elementos para cambiar de criterio.

La razón antes y ahora es que con los testimonios de tres secretarios generales del partido, en referencia a María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, el magistrado ya tiene una «idea cabal» de cómo y quién manejaba las cuentas de los populares.

Así, el tribunal «no advierte la necesidad de corroborar actualmente» más anotaciones de los 'papeles de Bárcenas' ya que Ruz ya «lo ha comprobado y entiende que está despejado». Por lo tanto, desestima el recurso de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), acusación popular en el proceso, por tratarse de una petición «impertinente» y «extemporánea».

Adade había recurrido la negativa del instructor Ruz porque, a su juicio, la declaración del presidente del Gobierno era necesaria para aclarar la supuesta existencia de una caja B dado el cargo que ostentaba en el partido. No en vano fue secretario general y presidente.

Rato y Mayor Oreja

En el mismo auto, la Sala de lo Penal confirmó además que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el exministro Jaime Mayor Oreja tampoco tendrán que declarar en la pieza del 'caso Gürtel' que investiga la supuesta contabilidad secreta de los populares.

Los argumentos son similares a los de Rajoy, es decir, que ya han comparecido tres secretarios generales para explicar el procedimiento que se seguía en el partido para recibir donaciones anónimas entre 1992 y 2008. Asimismo, en cuanto a Rato y Mayor Oreja la resolución también incide en que el periodo que pudiera afectarles no es objeto de investigación porque estaría prescrito. Una postura defendida por el fiscal Antonio Romeral.

Respecto al hecho de que algunos testigos hayan dicho que los apuntes de Bárcenas no se corresponden a la realidad, la sala entiende que es a Ruz, con las pruebas que ha ido recopilando y que aún practicará, a quien «compete disipar estos hechos» en el caso de que la entrega de donaciones anónimas de empresarios y el pago de dinero B a cargos del PP tengan consecuencias penales.

En otro auto, el mismo tribunal confirmó la decisión del juez Ruz de no solicitar a la Xunta de Galicia el expediente de adjudicación y contratación de las obras de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, que fue solicitada por la acusación del Observatori DESC. Los magistrados acusan a esta parte de solicitar la diligencia sin explicar cuál era «el indicio delictivo» en relación con esta causa.