Abierto juicio oral contra 61 socios de PwC acusados de un fraude fiscal de 40 millones

Hasta un total de 61 directivos de PricewaterhouseCoopers en España, entre ellos los tres últimos presidentes de la auditora -Miguel Fernández, José Luis Madariaga y Carlos Mas- y otros responsables de varias áreas, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. En un auto notificado ayer, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió juicio oral contra ellos al ver indicios suficientes de que pudieron cometer un fraude fiscal en el impuesto de la renta (IRPF) y otro en el de sociedades, cuantificados en conjunto en más de 40 millones de euros.

El instructor ve factible la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que les acusa de «enmascarar» el cobro de un bonus por valor de 19,3 millones que se repartieron en 2002 todos los acusados como si hubiera sido parte del precio de la venta ficticia de una filial de la compañía, su división de consultoría. Al no declarar esa cuantiosa remuneración como rentas del trabajo, habrían incurrido en varios delitos contra la Hacienda estatal y vasca.

Por ello, el Ministerio Público solicita para las seis decenas de acusados penas de cárcel que van desde un mínimo de dos años hasta un máximo de 14 años y 10 meses, estas últimas en los casos del citado Fernández, de Jose María Tajadura -responsable de operaciones de PwC- y de César Rodríguez -al frente de la división fiscal y legal de la compañía-.

Precisamente a los tres, que se enfrentan también a sendas multas que en conjunto superan los 100 millones de euros, les considera máximos responsables de una «alteración mendaz» de las reglas tributarias. Asimismo, las sanciones mínimas para los socios serían de 120.000 euros.

PwC ve «todo correcto»

Desde PwC, sin embargo, insistieron ayer en la -a su juicio- «absoluta corrección y ajuste a derecho» de la actuación tanto de la propia sociedad como de sus directivos a título personal. Según sus tesis, dicho «bonus» correspondería a un premio a sus socios por la venta de dicha división a la multinacional IBM.

Sin embargo, las fechas no parecen cuadrar conforme al relato de hechos que hace la Fiscalía, pues el reparto del dinero se hizo en enero de 2002 y, sin embargo, los trámites para traspasar el área de consultoría no comenzaron hasta finales de abril tras su aprobación por los órganos correspondientes. De hecho, las conversaciones con el futuro comprador comenzaron en mediados de julio y la operación no se cerró hasta principios de octubre.