Uruguay legaliza la producción, venta y consumo de cannabis

Con más dudas que certezas y más rechazos que aprobación social, Uruguay se lanza a la experiencia inédita de regular la producción, distribución y venta de cannabis. Este país de 3,3 millones de habitantes se plantea probar si es posible la utopía del consumo responsable. El Senado sancionó el martes la ley que concede las licencias para el cultivo y permite la venta en farmacias del cannabis y sus derivados.

«Vamos a intentarlo», anunció el presidente José Mujica, impulsor del proyecto. «Seguramente vamos a tener dificultades», admitió, a la vez que reconoció que «es toda una innovación para nuestra sociedad». Mujica dejó claro que el registro de cultivadores y consumidores permitirá, por ejemplo, «identificar a los que tiendan a desviarse».

Aunque el 64% de uruguayos consultados en sondeos recientes se expresa en desacuerdo, Mujica cree que la flamante norma permitirá al Estado recuperar el control sobre un mercado copado por el narcotráfico. Ayudará a reducir los homicidios por ajustes de cuentas, dijo, y a detectar el consumo problemático. «Einstein decía que no hay mayor absurdo que pretender cambiar los resultados repitiendo siempre la misma fórmula. Por eso queremos probar otros métodos», argumentó.

A diferencia de otros países de la región, en Uruguay el consumo de cannabis ya estaba permitido. Ahora se establece un tope de 40 gramos mensuales para cultivar o comprar, y se acordó un límite de consumo más allá del cual no se puede conducir un vehículo, como ocurre con el alcohol.

La marihuana es en este país la sustancia preferida por los que se inclinan a probar estupefacientes. Ahora habrá licencia para cultivar la planta -con un límite de seis los particulares- y también se podrá adquirir la droga en farmacias con receta médica. En ambos casos habrá que inscribirse previamente en un registro estatal que no será público.

La Ley sobre Control y Regulación de la Marihuana y sus Derivados fue sancionada tras casi 13 horas de debate. El texto fue aprobado por 16 senadores del gubernamental Frente Amplio y rechazado por 13 congresistas de la oposición. No obstante, esta victoria no representa mecánicamente lo que piensan los votantes.

La encuesta de Cifra publicada este año reveló que 53% de simpatizantes del izquierdista Frente Amplio está en desacuerdo con la norma. Lo mismo ocurre con los jóvenes, considerados los más liberales. El sondeo muestra que el 58% de los universitarios se opone a la legalización. Por eso el debate fue picante en el Senado y no está cerrado en las calles.

En la Cámara alta los opositores alertaron sobre los graves riesgos de un aumento del consumo. También advirtieron sobre efectos dañinos y sobre las dificultades que tendrá el Estado para fiscalizar que se cumpla con las restricciones incorporadas a la ley. Estos planteos fueron avalados por algunas asociaciones de psiquiatras y expertos en tratamientos por drogodependencia, quienes advierten que los usuarios podrían inscribirse y recibir la sustancia para luego canjearla en el mercado negro por otras drogas muy dañinas como la pasta base o la cocaína.

El legislador del opositor Partido Colorado, Alfredo Solari, médico él, señaló que la marihuana «no es inocua» y el del Partido Blanco, Jorge Larrañaga, vaticinó que la ley «es una puerta abierta al abismo». También cunde el temor de que el país se transforme en un destino para el consumo de esa sustancia, pese a que la venta no se permite a extranjeros.

En la vereda opuesta, el Frente Amplio respaldó el texto confiado en que la legalidad contribuirá a un mejor control, a un consumo informado y a una reducción de los delitos. Por su parte, el organismo de control de drogas de la ONU «lamentó» la legalización del cannabis en Uruguay y afirmó que esa decisión contraviene normas internacionales y puede revelarse contraria a los fines del Gobierno. La ONU cree es una incitación al consumo entre los jóvenes.