Matas pide al juez que «por humanidad» suspenda su entrada en la cárcel

Jaume Matas ha reclamado a la Audiencia Provincial de Baleares que por «humanidad» no ordene su ingreso en prisión para cubrir una pena de nueve meses. El expresidente demanda al tribunal que suspenda la ejecución de la condena hasta que el Gobierno resuelva su petición de indulto. El Ejecutivo no hizo ningún comentario sobre la solicitud hasta que no se pronuncie la sala sentenciadora, precisamente la Audiencia de Palma, y la Fiscalía.

Por «humanidad» y por «proporcionalidad» ante la «corta duración» del castigo. La defensa de Matas invocó estas dos razones en la Audiencia de Baleares para pedir que su patrocinado no entre en prisión durante los próximos nueves meses, o al menos que posponga la decisión hasta que el Consejo de Ministros resuelva la petición de indulto que Matas planteó anteayer. Su letrada, Pilar Gómez Pavón, también argumentó que en la práctica las penas de cárcel inferiores a dos años no implican el ingreso en la celda.

El expresidente autonómico también apeló la semana pasada al argumento de la humanidad en su recurso ante la propia Audiencia para solicitar que la pena de privación de libertad fuera sustituida por una multa, pero su petición fue desestimada anteayer por el tribunal balear. En esta ocasión puede correr igual suerte, según apuntan fuentes jurídicas que, por otra parte, también reconocen que la levedad de la pena puede jugar a su favor.

Matas fue condenado en marzo por la Audiencia de Baleares a seis años de cárcel por tráfico de influencias mientras fue presidente del Gobierno insular entre 2003 y 2007 al favorecer en términos económicos con dinero público a un periodista que escribía sus discursos y elogiaba su gestión en la prensa de Mallorca. Recurrió al Supremo, que redujo la pena a nueve meses de prisión, castigo que el tribunal sentenciador quiere el exdirigente del PP cumpla. El tribunal aplica al exgobernante un criterio distinto al del redactor de sus discursos, Antonio Alemany, condenado a dos años y tres meses de cárcel y que no ha ingresado en prisión porque Matas era un cargo público mientras cometió el delito y es «inasumible» que incurra en tráfico de influencias prevaliéndose de su jerarquía.

Ante la negativa de la Audiencia, Matas se sacó de la manga el ardid procesal de la petición de indulto al Gobierno. El Ejecutivo evitó ayer mostrar sus intenciones. «No tenemos ninguna consideración en relación a este asunto», comentó escueto el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro recordó que el Gobierno espera los informes de la sala sentenciadora y de la Fiscalía para tomar una decisión. Unas evaluaciones que, sin embargo, no son vinculantes, como ocurrió en el caso del kamikaze valenciano, que mató a un ciudadano y que fue indultado por el Consejo de Ministros en octubre pasado a pesar de los informes en contra del tribunal sentenciador.

Impensable

Los socialistas pusieron el grito en el cielo al conocer la petición de perdón de Matas y su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, apuntó que es «impensable» que Mariano Rajoy, compañero de gabinete de Matas en el Gobierno de José María Aznar, acceda a la demanda. «Que ni se les ocurra porque la ciudadanía no lo toleraría», advirtió la dirigente opositora.

Si el expresidente logra bien sea el indulto gubernamental o bien que la Audiencia de Baleares suspenda su ingreso en prisión sería, no obstante, una victoria pírrica porque está imputado en cerca de dos decenas de piezas de las 27 que constituyen la causa del Palma Arena, un velódromo en la capital balear cuyos costes de construcción se dispararon de forma exponencial mientras Matas gobernó las islas. Su nombre aparece como imputado, por ejemplo, en el 'caso Nóos' por la concesión de los Balears Forum a la organización sin ánimo de lucro de Iñaki Urdangarin y Diego Torres. También figura en la ramificación balear de la red 'Gürtel', en la remodelación de un palacete que convirtió en su vivienda en el centro de la capital, y hasta en la construcción de un teatro de ópera encargado al arquitecto Santiago Calatrava.

Sin ir más lejos, la semana pasada un jurado popular le encontró culpable de un delito de cohecho por la contratación ficticia de su esposa, Maite Areal, por parte de un hotelero amigo de Matas por 42.000 euros a cambio de no hacer nada.