Argentina cede a la presión policial

Los actos preparados para la celebración de los 30 años consecutivos de democracia en Argentina quedaron empañados ayer por la persistente ola de rebeliones policiales y saqueos en las provincias desatada hace una semana en Córdoba y que ya se cobró la vida de nueve personas. El Gobierno de Cristina Fernández organizó un festival musical en el paseo Plaza de Mayo y hubo un acto formal en la Casa Rosada. Pero fuera de Buenos Aires crece la incertidumbre por los violentos ataques a comercios que se disparan en las provincias por la ausencia policial.

Desde que se registró la primera protesta en Córdoba hace una semana el fenómeno ya se ha contagiado a otras 17 provincias, en las que ha ido emergiendo demandas de mejoras salariales entre los uniformados. Después de amotinamientos, ocupación de edificios públicos y otras formas de protesta, ayer se había logrado cerrar acuerdos en 11 de los casos, pero el conflicto persistía en otras siete regiones, entre ellas Santa Fe, una de las más populosas del país.

La ausencia policial tiene en vilo a comerciantes y vecinos frente a robos y destrozos en locales comerciales perpetrados por grupos que arrasan con toda clase de bienes incluyendo colchones, frigoríficos y otros electrodomésticos, ropa deportiva o bebidas alcohólicas.

Los disturbios dejaron ya nueve muertos -uno de ellos, subcomisario de la Policía-. Hay heridos graves y centenares de detenidos. En algunas ciudades los comerciantes merodean mostrando sus armas de fuego, palos y machetes para disuadir a los atacantes.

El flamante jefe de Gabinete de Cristina Fernández, Jorge Capitanich, remarcó que el Gobierno nacional está viviendo «con profundo dolor y consternación» la crisis y advirtió de que los saqueos «son premeditados» y buscan infundir zozobra. Después de recibir en Buenos Aires al gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, Capitanich reiteró que las fuerzas de seguridad no pueden dejar inermes a los ciudadanos a los que deben proteger. Sin embargo, eso es precisamente lo que están haciendo, y de esa forma obtienen lo que reclaman.

Empezando por Córdoba, todos los gobiernos -incluso los que habían amenazado con no negociar con los sediciosos- están respondiendo a las demandas, algo que ya alertó también a trabajadores de la salud y la educación que comenzaron a plantear medidas de fuerza.

Basta con un centenar de agentes amotinados para que corran rumores de saqueos y los policías consiguen importantes incrementos. La mecánica, rápida y sin costes para los uniformados, se fue extendiendo de Córdoba a todas las provincias. En la de Buenos Aires, el gobernador, Daniel Scioli, otorgó el lunes un aumento del 65% luego de hablar de una «extorsión» policial.

Protestas y robos

El ministro de Justicia, Julio Alak, coincidió en que los ataques no son espontáneos sino que se dan «en simultáneo con cada medida de fuerza». «No obedecen a una necesidad alimentaria», subrayó. Al igual que Capitanich, Alak cree que las fuerzas de seguridad no deberían estar sindicalizadas y se inclina por que la Justicia investigue si los rebeldes están cometiendo algún delito.

De hecho el Ministerio Fiscal ya busca una conexión entre las protestas policiales y los saqueos perpetrados, con la idea de promover una denuncia penal por los delitos de sedición o asociación ilícita. También indagarán a los responsables que alentaron los saqueos desde redes sociales.

La proliferación de conflictos provocó una declaración conjunta de todos los partidos con representación en la Cámara Baja en la que se expresó un fuerte rechazo a las protestas y el pleno apoyo a los gobernadores. El diputado opositor Sergio Massa sostuvo que los policías no deben abusar de su posición y recordó que «el que saquea es un ladrón que comete un delito».

En este clima, la celebración de los 30 años de la toma de posesión del fallecido Raúl Alfonsín (1983-89), que puso fin a siete años de dictadura militar, quedó en un segundo plano. La mayoría de los exmandatarios vivos (Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde) rechazaron la invitación de la presidenta y la dejaron sola con los festejos.

de las 18 regiones con paros policiales y violencia han aumentado el sueldo a los huelguistas.

de subida salarial, hasta los 950 euros mensuales, es el incremento medio que reclaman.