El PP acusa a la Junta de «connivencia» con UGT
Los populares instan al PSOE a pasar a la acción y personarse contra el sindicato en la causa judicial que instruye la juez Alaya
SEVILLA.Actualizado:El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, instó ayer al Ejecutivo que preside Susana Díaz a «pasar a la acción y personarse en la causa judicial abierta por el escándalo de las facturas falsas de UGT-A», pues «si no lo hace, es que el interés por saber todo lo que ha pasado es nulo», lo que, a su juicio, «indica la connivencia con este sindicato en todas las ayudas que se han dado».
Para Rojas, la postura del PSOE-A y su socio de gobierno, IULV-CA, es «insostenible». Reprochó a ambas formaciones que «no quieren explicar nada, no quieren que se sepa la verdad, no quieren personarse en la justicia y no quieren hacer una auditoría». «La Junta debe ser la gran defensora de la buena gestión del dinero público, pero sin duda se está convirtiendo en su peor enemiga al ponerse de perfil en este tema de forma reiterada», aseveró, según recoge Europa Press. Además, censuró «cambio de posición» de IULV-CA respecto a la causa judicial abierta por el «escándalo» de las facturas de UGT-A, en alusión a la opinión vertida por el portavoz parlamentario de la federación de izquierdas, José Antonio Castro, en el sentido de que la Junta «no tiene por qué personarse en la causa», algo que a juicio de los populares supondría «connivencia».
Rojas lamentó que IU «recule y se apunte también a esa «connivencia». Criticó la falta de acción y de investigación en todo este escándalo. Teme que el caso de las ayudas concedidas a UGT-A forme parte «del pacto de silencio que mantienen estos dos partidos para tapar la corrupción y que no se sepa nada, con tal de mantener en sus sillones políticos en el Gobierno andaluz».
Rojas anunció que su grupo va a presentar el próximo 12 de diciembre una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para exigir a Díaz que realice una auditoría de las transferencias de financiación a entidades instrumentales, así como la recuperación de los fondos públicos que se hayan defraudado.