La licitación pública registra sus primeros brotes verdes

Los famosos «brotes verdes» que acuñó José Luis Rodríguez Zapatero, a fin de intentar hacer ver que su Gobierno era capaz de lograr que el país remontara un rumbo económico que caía en picado, parecen haber llegado a la construcción. En concreto, en la licitación pública, ese maná en forma de decenas de miles de millones de euros con que las administraciones regaban el sector durante la época de la bonanza.

Aunque quedan muy lejos todavía los 46.701 millones adjudicados en 2006 (su máximo histórico), e incluso parecen un sueño los 39.100 millones de 2009 (ya adentrados en la crisis), para el sector es importante que parezca haberse alcanzado el deseado suelo en una caída que parecía imparable. Y es que, salvo sorpresa mayúscula, por vez primera en los últimos siete años, habrá un crecimiento anual (2013) en el montante invertido por las distintas administraciones en obra pública. Una buena noticia que también puede ir acompañada de un aumento en el dinero dedicado a concesiones, tras un desplome del 93% entre 2010 y 2012 hasta los 686 millones.

Tras cuatro meses consecutivos de ascensos -no se encadenaba una racha positiva similar desde 2008-, el volumen de obra pública licitado al cierre de octubre ascendía a 7.204,9 millones de euros, lo que supone un 10,7% más que el montante registrado hace un año. Y a falta sólo de dos meses para concluir el ejercicio -de hecho, los datos extraoficiales de noviembre no apuntan números rojos-, no parece probable que el camino se tuerza ya.

Si escudriñamos los números por administraciones, el Estado y las corporaciones locales están detrás de ese cambio de rumbo. En el caso del primero, sus inversiones en los 10 primeros meses superan en un 27,5% las de hace un año; en el ámbito municipal, no obstante, el incremento resulta más modesto (4%). Por el contrario, las licitaciones de las administraciones públicas siguen a la baja, si bien de forma más leve (-2,8%).

Por volúmenes, en cualquier caso, las diferencias resultan más reducidas de lo que cabría esperar. Cuatro de cada 10 euros (el 42,7%) empleados por el erario público en obras públicas durante 2013 procedían de las arcas estatales (3.073 millones), frente al 30,8% de la caja municipal (2.220,8 millones) y el 26,5% de los recursos autonómicos (1.910,7 millones). Claro que no todas las administraciones territoriales se comportaron igual. Así, los fuertes aumentos aprobados en Baleares (1.403%), Asturias (627,8%) y Castilla-La Mancha (206%) contrastan con los recortes acusados en el País Vasco (-94,3%), Cataluña (-44,2%) y la Comunidad Valenciana (-30,1%).

Apostar sobre seguro

Consciente de esa evolución dispar, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, prefiere ser cauto y apostar por la estabilización. «En el ámbito autonómico las caídas parecen inevitables mientras prosiga el ajuste», señala. Sin embargo, en los ayuntamientos «tenemos la esperanza de que continúe repuntando la inversión». El motivo: que cerca de 5.000 de los 8.100 municipios existentes en España tienen superávit presupuestario, «y Hacienda -apunta- ha abierto la vía para que ese remanente se pueda ir destinando a obra pública».

Respecto al Estado, también las diferencias son ostensibles. Frente al modesto aumento en las licitaciones de Fomento (un 8,5% más), las inversiones del departamento de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se han disparado un 108,5% de enero a octubre, aunque su montante apenas alcanza la mitad del destinado por el macroorganismo que dirige Ana Pastor: 882,9 frente a 1.972,1 millones. Tiene, además, una explicación especial: un agua de mayor calidad. La UE ha tirado a España de las orejas por ello. La respuesta: 776,3 millones invertidos en 2013... y sumando, pues el déficit en esa materia reconocido por el Gobierno asciende a 19.000 millones, según la CNC.

Sin duda, un buen motor para mantener esta recuperación incipiente que se atisba en la obra pública, sobre todo tras el retroceso que aún se observa en el que ha sido el principal motor de las licitaciones en los últimos años: el tren de alta velocidad (AVE). El ente que gestiona la red, ADIF, había invertido un 8,1% hasta octubre, si bien su montante seguía siendo importante: 1.127,5 millones. El problema es que la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias no invertido nada en este ejercicio, según Seopan.

Mejor suerte han tenido las carreteras, cuyas licitaciones se han triplicado hasta los 487,8 millones. Una suma, sin embargo, aún muy insuficiente a ojos del sector, donde ven con envidia el máximo histórico de 2010 (1.264 millones). El problema es que esta partida volverá a disminuir en 2014 (-12%), y no será la única que lo haga en la obra pública.