Rajoy exige el mismo consenso de 1978 para iniciar una reforma constitucional

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba analizan desde hace meses la idoneidad de acometer una sustancial reforma de la Constitución, que ayer cumplió 35 años. Pese a los contactos, que confirmaron tanto el presidente del Gobierno como el secretario general del PSOE, las posiciones entre ambos están tan alejadas que ni siquiera logran un acuerdo de mínimos para iniciar una ronda de contactos.

Rajoy aseguró que no se cierra en banda a negociar una modificación de la Carta Magna, pero pone dos condiciones previas que se antojan imposibles en el actual momento político: lograr el mismo grado de consenso que alumbró el articulado de 1978 y la máxima concreción sobre los temas a remozar. Sin estas premisas, el Gobierno no dará un solo paso. «Hay que saber para qué queremos reformar la Constitución y con quién contamos», comentó el jefe del Ejecutivo en una conversación con periodistas en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.

Sin embargo, es la primera vez que Rajoy deja abierta la posibilidad de abrir el melón de la reforma constitucional, pero se trata de una rendija muy pequeña. CiU, por ejemplo, votó a favor en 1978, pero no aceptaría apoyar un nuevo texto si no se incluyen aspectos como el derecho a decidir del pueblo catalán. Y tanto el Gobierno como el PP tienen claro que los artículos 1 y 2, en los que se establece la unidad de España, son innegociables.

Algo similar ocurre con el PCE, ahora integrado en IU. Esta formación, al igual que los nacionalistas vascos y catalanes, también rehusaron participar en los actos del 35 aniversario de la Constitución al considerar que ya no representa a la actual sociedad española. Rajoy, además, declaró que considera un sin sentido intentar variar la Constitución para dar cabida a grupos que no quieren formar parte del proyecto común de España, en clara alusión a Convergencia y ERC, que han planteado abiertamente la segregación de Cataluña.

El presidente del Gobierno expresó sus dudas sobre el método que propone Rubalcaba que, a su juicio, quiere llegar a la mesa de negociación sobre una hipotética renovación constitucional sin tener claro qué artículos quiere cambiar. Rajoy puso como ejemplo a José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2011 le propuso una reforma concreta: establecer una regla que garantice la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo, tanto en relación con el déficit estructural como en la deuda, que vincularía a todas las administraciones públicas. «Y yo acepté», sentenció Rajoy.

Alfredo Pérez Rubalcaba se mostró ayer muy satisfecho porque cree que su insistencia y la de su partido han colocado en el centro de la vida parlamentaria la urgencia de una reforma federal de la Constitución que dé solución a las tensiones territoriales, especialmente en Cataluña, y alumbre «el nuevo proyecto común y compartido» que precisa España para progresar en las próximas décadas.

Sin mucho tiempo

El líder socialista desveló que ha tratado el tema con Rajoy en todas sus conversaciones, en las que han analizado el asunto de manera «franca y profunda» y se han escuchado con gran interés, pero sin que se pueda decir que hay posibilidades de abrir un proceso concreto de diálogo para explorar una hipotética reforma y su contenido.

Rubalcaba está de acuerdo con el PP en que los cambios en la Constitución tienen que ser concretos, meditados y limitados, y que no cabe abordar transformación alguna si no existe un muy amplio consenso político que la respalde. Pero rechaza que, como hacen muchos dirigentes populares, se descarte la idea a priori por falta de acuerdo sin siquiera haberlo intentado, sin haberse sentando en una mesa a hablar a las principales fuerzas políticas, que cree que es lo que hay que hacer ya.

El secretario general del PSOE sí tiene claras tres cosas sobre el momento político y las características de la reforma. En primer lugar, que si el proceso no se aborda de aquí a un año habrá que dejarlo para la próxima legislatura, porque un cambio sustancial en la Carta Magna requiere la disolución de las Cortes tras su aprobación parlamentaria y ese momento debería coincidir con las elecciones generales de 2015. La segunda, que nadie debe pensar que las reclamaciones territoriales catalanas se van a arreglar con «dos transferencias», porque son ya «un problema político». Y tercero, que le parece impensable embarcarse en una reforma constitucional sin que participen en ella CiU, PNV e IU, porque aunque hubiese una mayoría para aprobarla «quedaría coja».

Jesús Posada, en su discurso institucional como presidente del Congreso, calificó el texto de 1978 como «la mejor constitución de la historia de España» y defendió su vigencia y su capacidad para seguir marcando las reglas del juego durante muchos años. No obstante, tampoco se cerró a una posible modificación si se hace «con cautela». Dejó claro que, además de acreditar antes de abordarla su concreta necesidad y el respaldo de una mayoría al menos tan amplia como la que la aprobó hace 35 años, su límite siempre estará en mantener «inalterables» los artículos 1 y 2. Es decir, que la soberanía nacional reside en todo el pueblo español y la indisoluble unidad de España.