La jueza Alaya da el primer paso para pedir al Supremo que impute a Griñán y Chaves

La jueza Mercedes Alaya ha requerido al Congreso y al Parlamento de Andalucía que certifiquen la condición de aforados de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y de cinco exconsejeros, a los que en septiembre pasado incluyó en un polémico auto en el que le indicaba su posible imputación en la causa abierta por el fraude de los ERE.

En una breve providencia notificada ayer a las partes, pero dictada el pasado día 22, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla indica que «en cumplimiento de lo acordado por este Juzgado líbrense atentos oficios a las secretarías generales del Congreso de los Diputados y del Parlamento de Andalucía para que informen de la condición de aforados de las personas a las que se refiere el auto del 10 de septiembre». Se trata de los dos expresidentes y de los ex consejeros José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo y Manuel Recio.

Además, Alaya manda a la Guardia Civil en busca de los aforados, ya que la providencia añade que «desconociendo el domicilio de las personas a las que se refiere mentada resolución procede librar oficio a la Guardia Civil, como ya les fue anticipado verbalmente tras el dictado de dicha resolución, interesando practiquen diligencias encaminadas a informar de los mismos».

Se esperaba en ambientes judiciales una nueva 'bomba' de la jueza en el sumario y este auto se considera un trámite necesario en la dirección de pedir el suplicatorio de los altos cargos citados, lo que le supondría la obligación de inhibirse y elevar el caso al Supremo.

Tres de los siete aforados lo están ante el alto Tribunal. Manuel Chaves y Antonio Viera son diputados en el Congreso y Griñán es senador. Los exconsejeros de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como parlamentarios autonómicos.

En el auto del pasado día 10 de septiembre al que alude en la providencia, Alaya comunicaba «la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», a las citadas personas, por su presunta colaboración para un «uso ilícito de fondos públicos» en la causa de los ERE. Fue hecho público en el momento en que juraba su cargo el nuevo Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz.

El auto fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito pendiente de resolver por la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía considera que la actuación de la magistrada «adolece de la motivación necesaria» y «no es ajustado a Derecho»; que el auto puede causar «la indefensión que se pretende evitar» y pide a la magistrada mayor concreción en los hechos, dejando claro que Alaya no puede ni siquiera investigar de manera directa a un aforado.

La ejecutiva del PSOE-A consideró anoche «sorprendente» la providencia porque la solicitud de información sobre aforamiento tenía que haberse producido antes y no después del auto de «preimputación» que fue emitido hace ya tres meses. Para el PSOE andaluz, sorprende también que la providencia fuera emitida el día 22, en la víspera de celebrarse el congreso regional del partido.

Además, hace notar que se ha hecho públia «justo el mismo día» que se declara culpable al presidente balear del PP, Jaume Matas, y que Dolores de Cospedal ve rechazada su demanda contra Bárcenas.