El Tribunal de Cuentas compromete el futuro del interventor y la tesorera

Son dos funcionarios que deben asumir un total de 96.944 euros, al ser considerados por el Tribunal de Cuentas responsables subsidiarios en el alcance de 7,8 millones de euros de la caja municipal. La situación del interventor, José Antonio López, y de la tesorera, María de las Virtudes Gómez, se complica y su futuro está comprometido por una sentencia que hace que el primero deba afrontar una sanción de 67.450 euros, mientras que en el caso de la segunda la cuantía asciende a 29.544 euros.

Aunque son cantidades rebajadas conforme a lo que pedía el Consistorio en su demanda por diversos atenuantes, lo cierto es que han sido condenados y por hechos que se consideran «negligencias graves» en sus labores. ¿Es viable que continúen ejerciendo sus puestos? El alcalde de San Fernando, José Loaiza, no se ha querido pronunciar al respecto de forma clara y contundente si bien ha anunciado que se trata de una cuestión que está ahora en manos de los servicios jurídicos de Diputación, que son los que llevan el caso (tras el conflicto de intereses expuesto por el letrado municipal). Un área «que al igual que hicimos con la demanda tiene total libertad para determinar las acciones que se deben seguir una vez se analice y se estudie la sentencia», expresó Loaiza.

Eso sí, hay que destacar que en el fallo del Tribunal de Cuentas no existe recogido ninguna mención sobre la posible inhabilitación u otro tipo de sanción administrativa que vaya más allá de la económica. Aún. Así desde el Partido Socialista ya se ha solicitado que se inicien los trámites necesarios para que ambos funcionarios dejen sus puestos. «Se deben adoptar las medidas disciplinarias que se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la Administración, por lo que si Loaiza quisiera podría acometer las acciones pertinentes para alejarlos del servicio», dijo la portavoz socialista, Patricia Cavada. Si bien hay que aclarar que por el momento la sentencia no es firme, ya que cabe recurso de apelación, aunque para Cavada «estas medidas se deberían de haber tomado en el mismo momento en el que el Ayuntamiento demandó a los funcionarios».

Por otro lado reprochó la actitud del regidor tras conocerse la noticia. «Fue una sorpresa y lamentamos su comportamiento que superó al plasma de Rajoy, pues ni siquiera compareció públicamente. Tan solo lanzó un escueto comunicado en vez de realizar una valoración, explicar lo que significa la sentencia y anunciar los pasos a seguir. Y todo ello en uno de los peores momentos de la ciudad al tratarse de su tema más negro».

Por su parte Izquierda Unida lamentó que la salida del ex alcalde Manuel María de Bernardo se hubiera producido como consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional ya que su gestión ha quedado «totalmente oscurecida por este asunto». De esta manera desde IU también se preguntó si «el Ayuntamiento piensa tomar alguna medida respecto de los dos funcionarios en activo declarados responsables subsidiarios por la sentencia del Tribunal de Cuentas. Aunque quizá ya lo debiera haber hecho hace más de un año, cuando fueron señalados como responsables subsidiarios, ahora parece que es obligado hacerlo».

De esta manera, tras la dimisión de Manuel de Bernardo la atención se centra ahora tanto en el interventor como en la tesorera y en conocer qué ocurrirá con las personas que aún tienen la responsabilidad de velar por los caudales públicos de la ciudad.