El PP-A pide que UGT no reciba más ayudas y advierte que sería «fraude de ley»
SEVILLA.Actualizado:El Partido Popular andaluz cree que UGT no debe recibir nuevas ayudas públicas hasta que no se aclare el uso que ha hecho de las que ya le han sido concedidas. Es más, advierte de que la Junta de Andalucía puede incurrir en «fraude de ley» si lo hace, puesto que la central debe devolver 1,8 millones de los expedientes revisados de oficio.
La portavoz de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, pidió la anulación de una subvención de 3,6 millones de euros del programa Andalucía Orienta y dijo que el sindicato es el que más recibe, aunque la cantidad se ha visto reducida a la mitad de la inicialmente prevista, por lo que se preguntó si «la rebaja obedece a la renuncia del sindicato o a presiones del bipartito» tras el escándalo de las facturas falsas.
Ruiz Sillero aseguró que la Junta incurre constantemente en fraude de ley porque la ley estatal de Subvenciones y la autonómica de Hacienda Pública exigen que se justifiquen las ayudas antes de recibir otras, pese a lo cual los sindicatos y otras organizaciones, dijo, «las siguieron recibiendo mediante la firma de una resolución, consejero tras consejero».
Asimismo, rechazó el reparto de las ayudas del plan Andalucía Orienta, «teledirigida en favor de los sindicatos y entidades privadas que no sabemos quién está detrás», dijo, mientras la elimina para ayuntamientos como Granada o Cádiz.
Sin embargo, la Consejería de Economía y Empleo explicó que la ayuda de 2,3 millones a UGT por el citado programa supone un 23% menos que en la anterior convocatoria, que data de 2011, un ajuste general. Dijo que el sindicato se ha presentado a todas las opciones de fondos y en todas las provincias. Sin embargo, ha tenido que abandonar algunas de las ayudas concedidas, ya que no podía hacerles frente, lo que ha ocasionado la rebaja sobre los 6,5 millones inicialmente consignados, pero negó cualquier recorte por el presunto fraude.
Andalucía Orienta asciende en total a 40 millones, de los que 16 se destinan a entidades multiprovinciales y los 24 restantes a uniprovinciales. UGT y CC OO reciben algo más de 3 millones cada uno del primero de estos capítulos.