La Audiencia Nacional remite a Alaya el 'caso UGT'

Más trabajo para la jueza de Instrucción nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que se hará cargo también de la investigación sobre las facturas falsas y el desvío de fondos para cursos de formación de UGT-Andalucía. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó ayer remitirle las denuncias presentadas por el colectivo Manos Limpias, de acuerdo con el criterio hecho público por la Fiscalía Anticorrupción. El sindicato, a su vez, puede respirar algo más tranquilo, pues de momento la investigación judicial no va a llegar más allá de Despeñaperros.

Anticorrupción consideró que los hechos denunciados sólo se refieren a la federación andaluza del sindicato, por lo que no son competencia de la Audiencia Nacional. Además, propuso su remisión a Alaya, a quien ya la Audiencia de Sevilla remitió otras denuncias presentadas en los juzgados hispalenses, por que su Juzgado investiga la financiación del sindicato dentro de la causa de los ERE, tanto en la trama de las sobrecomisiones como en una pieza separada y declarada secreta.

El juez Pedraz indica en su auto que «los presupuestos competenciales de la Audiencia Nacional», establecidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), «tienen que aparecer suficientemente acreditados al menos a los efectos provisionales de la determinación inicial de la competencia».

Sin embargo, agrega que «en base exclusivamente a unas informaciones periodísticas -que fue lo que aportó Manos Limpias- no pueden aparecer suficientemente acreditados (...) los presupuestos competenciales, máxime si como señala el Ministerio Fiscal hay un órgano judicial investigando».

Así, el escrito de la Fiscalía dice que «la denuncia presentada se fundamenta en una noticia publicada en los términos siguientes: 'La UGT de Méndez se financia con fondos para la formación', para a continuación relatar la estructura del Instituto para la Formación y Estudios sociales (IFES) y sus dos filiales, afirmando que la UGT es propietaria del 100% del IFES». Añade que «se describe como entramado societario opaco el funcionamiento de estas entidades y se afirma que la UGT utiliza los cursos de formación como super bote». Observa además que «junto al escrito de denuncia únicamente se aportan recortes de prensa publicados a lo largo de este año y en los que fundamentalmente refieran hechos sólo referidos a UGT de Andalucía».

No obstante, Pedraz considera que si Alaya «observa que efectivamente se dan aquellos presupuestos competenciales acuerde rechazar la inhibición» y remitirle el caso. También plantea la posibilidad de que la juez de Sevilla siga investigando y, si a lo largo de la instrucción aparecen elementos que determinen la competencia de la Audiencia Nacional, se inhiba en ese momento.

Precisamente ayer Mercedes Alaya concluyó una de las marcocausas que instruye, la referida a la venta de suelos de Mercasevilla, y la elevó a sumario. En esta causa prescribieron los delitos imputados a media docena de empresarios, entre ellos los hermanos de Fátima Báñez. Pese a esto, hay 18 imputados, como el exteniente de alcalde hispalense Antonio Rodrigo Torrijos, de IU.

La denuncia de Manos Limpias se dirigía contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y contra el tesorero del sindicato, Antonio Retamino, por presuntos delitos de falsedad documental, delito mercantil, estafa, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública. Extendía las sospechas sobre la actuación del IFES a Aseguraba el IFES recibió en 2012 más de 48 millones de euros; dos de sus filiales Euskadi, Galicia, Baleares, Andalucía , Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja, Navarra, Murcia, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE- UGT), Federación del Metal, Federación de Transportes, Comunicación y Mar.

UGT tiene las facturas

Por su parte el sindicato precisó ayer que a pesar del robo de 1.756 archivos de sus ordenadores, posee las facturas en papel, de forma física, que están guardadas en su archivo, situado en Córdoba.

UGT-Andalucía rechaza que haya «hecho desaparecer» documentos e insiste en que «no hay intención de tapar ni enmascarar nada», sólo «se retrasa la agilidad a la hora de encontrar la documentación», indicó en un comunicado.