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proceso judicial abierto

Paralizada la expulsión de una rusa que denunció una violación

Tenía un procedimiento de expulsión desde el 2010, aunque siguió trabajando en España y tras conocer a su pareja se instaló en Galicia, donde sufrió una violación el pasado marzo

EFE
MADRIDActualizado:

El Gobierno ha paralizado la expulsión de un mujer rusa con un proceso judicial abierto y que había denunciado haber sido violada, que iba a ejecutarse esta mañana, tras la intervención del Defensor del Pueblo para que sea estudiada su situación.

Según han confirmado fuentes de la institución, la organización Aspacia, dedicada a la defensa de mujeres violadas, reclamó a la Defensora del Pueblo que pidiera la paralización de la expulsión por su situación irregular de Vera Rodozina, que se encuentra viviendo en Orense, junto a su pareja, de origen español. Vera tenía un procedimiento de expulsión desde el año 2010, aunque siguió trabajando en España y tras conocer a su pareja se instaló en Galicia, donde sufrió una violación por parte de dos hombres en marzo de 2013, según ha explicado Bárbara Tardón, de Aspacia.

Cuando la mujer acudió a urgencias para recibir asistencia por la agresión, la Policía envió un atestado contra la víctima por simulación de delito y se abrió un procedimiento judicial que continúa en marcha, ha indicado Tardón. "A partir de ese momento empieza un infierno para Vera, la Policía va a su casa y la traslada al Centro de Internamiento de Aluche, donde permanece 48 días", sigue relatando la responsable de Aspacia. La mujer volvió a su domicilio de Orense, hasta que de nuevo la Policía la detuvo hace unos días para proceder a su expulsión, prevista para hoy, en el primer avión que salía hacia Rusia.

Desde la Defensoría del Pueblo se ha remitido esta madrugada una petición a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que se estudie con detalle todo el caso y se aplace mientras tanto la expulsión. Vera Rogozina, de 52 años, participó en el informe "Entre el miedo y la desprotección. Mujeres migrantes en situación administrativa irregular frente a la violencia sexual en España", presentado por Aspacia hace diez días, en el que relataba su caso, contándolo en primera persona y con el nombre ficticio de Olga. Explicó cómo, tras violarla y golpearla, los agresores le dejaron en el monte desnuda y que llegó en ambulancia al hospital, que le remitió un mes después una factura de 893,83 euros por las tres intervenciones médicas que recibió tras la agresión.