El PP reclama que Bruselas se pronuncie sobre la expansión del Peñón
El eurodiputado Luis de Grandes solicita a la Comisión Europea que se posicione sobre la legalidad del lanzamiento de bloques de hormigón
Actualizado:El eurodiputado del Partido Popular Luis de Grandes pidió ayer a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la legalidad del lanzamiento de bloques de hormigón y otras prácticas como los rellenos para ganar terreno al mar que las autoridades gibraltareñas han llevado a cabo en aguas de la Bahía de Algeciras.
De Grandes presentó cuatro preguntas en el Parlamento Europeo dirigidas al Consejo y al Ejecutivo comunitario, con el objetivo de que la Eurocámara «tome nota» de estas cuestiones y de que la Comisión aclare su posición y explique «qué va a hacer» al respecto, según señaló el eurodiputado en un encuentro con la prensa en Bruselas.
Las interpelaciones del eurodiputado 'popular' también criticaron el 'bunkering' «sin restricciones» que permite a los buques repostar en el mar, incluso en zonas que España y la UE identifican cómo Zonas de Especial Protección medioambiental.
El Ejecutivo comunitario ya está estudiando las quejas formales al respeto que presentó España este verano, tras las tensiones con Reino Unido por el refuerzo de los controles fronterizo en La Verja, pero no aclaró cuándo ofrecerá sus conclusiones. De ser favorable a la posición española, Bruselas podría iniciar un expediente sancionador contra Londres por vulnerar la legislación medioambiental comunitaria.
En cualquier caso, el eurodiputado 'popular' aseguró que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su colega británico, David Cameron, mantienen en general un diálogo «amable», pese a «tensiones» puntuales a cuenta de Gibraltar, de las que ha responsabilizado al ministro presidente del Peñón, Fabian Picardo. España tiene con Reino Unido «una posición dialogante con un amigo, que no tendría que haberse azuzado», ha insistido.
De Grandes explicó la tramitación de las cuatro preguntas como un modo de dar continuidad a la estrategia del Gobierno de denunciar ante la UE los vertidos de hormigón y otras prácticas que consideran de riesgo medioambiental, pero también como respuesta a la posición «unívoca» sobre Gibraltar que defienden en la Eurocámara los eurodiputados británicos, independientemente de su afiliación política.