Fiscalía pide al Supremo que devuelva la sentencia del ERE municipal al TSJA

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) en su informe relativo al recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en relación al ERE que supuso el despido de 260 trabajadores del Ayuntamiento de Jerez, que devuelva dicho fallo al Alto Tribunal Andaluz para que emita una nueva sentencia que entre a valorar la existencia o no de causa económica.

En el informe emitido por el fiscal, al que ha tenido acceso a Europa Press, el Ministerio Público considera que la sentencia del 20 de marzo de 2013 del TSJA, que daba parcialmente la razón a los trabajadores, debe «anularse», al entender que «se ha extralimitado en su contenido» y «rebasa los criterios legales y reglamentarios para determinar la corrección o no de los procedimientos de selección de los trabajadores».

Asimismo, en dicho escrito, la Fiscalía del Tribunal Supremo pide que el recurso del Consistorio sea estimado en base a uno de los argumentos planteados por el Gobierno municipal (PP), al mostrarse «de acuerdo» en que la sentencia dictada «rebasa los criterios legales y reglamentarios para determinar la corrección o no de los procedimientos de selección de los trabajadores».

Para el Ministerio Público, «no compete» a un procedimiento de despido colectivo «enjuiciar sobre la aplicación de los criterios de selección a los empleados despedidos», al considerarlo «materia reservada a las demandas individuales».

Cabe recordar que la sentencia de la Sala de lo Social de Sevilla del TSJA argumentaba que el expediente no se ajusta a derecho, ya que el criterio de selección de los trabajadores se dio a partir de la evaluación de cada uno. Un criterio que el tribunal señalaba que está afectado de una «absoluta arbitrariedad; lo que adquiere una mayor gravedad dada la condición de Administración Pública de la parte demandada».

Esta resolución judicial motivó que ambas partes presentaran sendos recursos para que el Supremo les diera la razón, para respaldar sus respectivas tesis sobre la «legalidad» en el proceso de elaboración del ERE, en el caso del Ayuntamiento, y la «nulidad» del expediente en el caso de los sindicatos.