El PSOE exige ahora al Gobierno la denuncia «inmediata» del concordato

Guardó durante años en la nevera su proyecto de reforma de la ley de libertad religiosa y ahora defiende su urgencia. El PSOE registró ayer en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a aprobar una norma similar a aquella 'non nata' «en el plazo de seis meses». Y no solo eso. Le conmina a romper «de inmediato» los acuerdos con la Santa Sede, vigentes desde 1979. «Ahora es el momento», argumentó la vicesecretaria general de la formación, Elena Valenciano, al término de la primera ejecutiva convocada por Alfredo Pérez Rubalcaba tras la catártica Conferencia Política de noviembre.

La denuncia del concordato ha sido una petición constante de una parte de las bases del partido (y de muy pocos dirigentes) a la que durante años las distintas ejecutivas socialistas hicieron oídos sordos. Pero algo empezó a cambiar tras la monumental derrota electoral de noviembre de 2011. En sus esforzadas brazadas para recuperar la confianza de unos votantes desencantados con su gestión, y que han demostrado ser duros de pelar, el secretario general del partido lanzó una primera piedra en el Congreso Federal, en el que fue elegido por 22 votos frente a Carme Chacón, y amenazó con reconsiderar el acuerdo con el Vaticano si el Ejecutivo insistía en acabar con educación para la ciudadanía y modificar la ley del aborto.

Esa advertencia se fue consolidando con el paso de los meses, pero siempre vinculada a medidas o leyes patrocinadas por el Ejecutivo, entre ellas, la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert, que recupera las subvenciones para los colegios concertados que segregan a niños y niñas e incluye la religión y su alternativa como materias a tener en cuenta a la hora de hacer la nota media, repetir curso y acceder a una beca. Pero ahora el PSOE no plantea la ruptura con condicionales. En la conferencia se comprometió a hacerla efectiva si gobierna y a incluirla en su programa.

El que Rubalcaba hubiera planteado la cuestión como represalia por unas políticas del Gobierno que, a su juicio, parecían orquestadas por la Conferencia Episcopal despertaba, de hecho, ciertos reparos en buena parte del partido. Si los acuerdos están obsoletos -que a juicio de la inmensa mayoría lo están- no tiene sentido mantenerlos, argumentaban, independientente de lo que haga Mariano Rajoy.

Los acuerdos, de enero de 1979, se refieren a asuntos jurídicos; enseñanza y asuntos culturales; asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicios militares, y asuntos económicos. Entre otras cosas, el Estado se compromete en ellos a «colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa». Además, tiene que garantizar que la educación que se imparte en los centros docentes públicos sea «respetuosa con los valores de la ética cristiana», que los profesores de religión son designados por la autoridad académica pero a propuesta del «ordinario diocesano» y, también, ha de conceder a la Iglesia (Conferencia Episcopal, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas...) importantísimas exenciones fiscales.

«Razones poderosas»

En su programa para las generales de 2011, el PSOE no se atrevió a hablar de revisarlos, a pesar de las muchas enmiendas que lo reclamaron durante su elaboración, pero lo que sí propuso fue eliminar los privilegios que, recogidos en la ley hipotecaria, han permitido durante años a la jerarquía eclesiástica poner a su nombre inmuebles o parcelas que pertenecían a los pueblos, pero cuya titularidad nunca se incluyó en el registro. Una cuestión que no ha vuelto a ser mencionada.

La vicesecretaria general de los socialistas argumentó que hoy se dan tres «razones poderosas» para exigir al Gobierno del PP lo que el propio PSOE no estuvo dispuesto a hacer durante los casi veinte años que gestionó el país: que los acuerdos se «negociaron» antes de que naciera la Carta Magna y por tanto tienen, adujo, «origen preconstitucional» (aunque se sellaron apenas un mes después de la aprobación de la Norma Fundamental); que el «perfil» de la sociedad española ha cambiado mucho desde entonces; y, de nuevo, que el Estado ha cumplido escrupulosamente su parte hasta que el PP ha «desequilibrado» la situación.

Valenciano subrayó también que a su juicio habría sido mejor que el Gobierno de Zapatero -en el que, ha remarcado, ella no estuvo- hubiera aprobado esa ley que ahora piden y que de forma cautelosa prometió en su programa de 2008. «Pero a toro pasado -dijo- todo es fácil; estabamos metidos en un batalla por el aborto y el matrimonio homosexual que había abierto un conflicto con la Conferencia Episcopal y quizá se consideró que no era el momento».