El PP busca que el escándalo de UGT de Andalucía arrastre a Méndez

La dimisión del secretario regional de UGT Andalucía no ha servido de barrera de contención y la crisis se extiende ya a la dirección nacional. El PP reclamó ayer que Cándido Méndez, el líder nacional, acuda a dar explicaciones al Parlamento andaluz del supuesto uso irregular de fondos públicos y sobre los ERE fraudulentos.

La gestión que la federación andaluza hizo de la crisis se compartió con la dirección nacional, que estaba al tanto del todo, según desveló el dimitido Francisco Fernández Sevilla a otros sindicalistas en una reunión celebrada en octubre. Esta sintonía, unida a recientes informaciones que apuntan a que la dirección federal pudo embolsarse a través de una empresa participada 600.000 euros por la asesoría en uno de los supuestos ERE fraudulentos, han provocado la inmediata reacción del PP. Entiende que la participación de UGT en el escándalo de las prejubilaciones «trasciende Andalucía» y «no era un hecho aislado» de la federación andaluza.

«Es el momento de que los andaluces sepan la verdad, de llegar al fondo de toda la cuestión y conocer de primera mano las explicaciones del líder nacional y de quienes hasta hace poco eran los líderes regionales», justificó ayer la vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, para añadir que «quién mejor que ellos para aclarar estas supuestas irregularidades».

La dirigente popular recordó que propuestas similares en las que reclamaron explicaciones del propio Fernández Sevilla o de su antecesor, Manuel Pastrana, ya fueron bloqueadas por la mayoría parlamentaria que representan los socios del gobierno regional, PSOE e IU. No obstante, y tras los últimos anuncios de la presidenta autonómica de que combatirá la corrupción venga de donde venga, confió en que «en pro de la transparencia» no veten esta petición de comparecencia, que registrarán en la cámara en los próximos días.

En este sentido, en el PP destacan la contradicción de anunciar un pulso contra la corrupción pero al mismo tiempo mantener un silencio «clamoroso» respecto a las últimas revelaciones sobre UGT. Un silencio que desde la Junta se excusa con la investigación interna abierta de oficio al sindicato ante la falta de información. Se trata de 17 expedientes sobre ayudas y programas concertados con la organización por un importe cercano a los 7,6 millones de euros que se están revisando factura a factura.

Según anunció recientemente el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, esta revisión concluye precisamente hoy, aunque ya se adelantó la pasada semana que dos de los expedientes se habían resuelto de forma favorable a la administración pública y obligaban a UGT Andalucía a devolver 1,8 millones de euros. Jiménez Barrios subrayó de nuevo que, «en aras de la transparencia», el informe que elabora un funcionario instructor independiente se dará a conocer en cuanto esté terminado.

Escaramuzas internas

La investigación interna se desarrolla de forma paralela a la judicial, que instruye un juzgado sevillano. Sin embargo, la Junta no está personada en el caso, una decisión «política» que a juicio del PP el Ejecutivo «está obligado a tomar para defender el dinero de los andaluces».

Mientras tanto, la dirección de UGT Andalucía celebró ayer su primera reunión sin Fernández Sevilla. La veintena de asistentes, entre secretarios provinciales y de las diversas federaciones, han empezado ya a plantear el futuro de la organización de cara al próximo comité ejecutivo del día 9 de enero, y al que pretenden llegar con una candidatura a la secretaria general consensuada. La intención, según señalan diversas fuentes, es evitar un congreso extraordinario que pueda suponer una reformulación del sindicato regional.

Sin embargo, el sector crítico, apartado de la cúpula en el último congreso y más activo desde el reciente ERE que puso en la calle a más de un centenar de trabajadores, ya ha empezado a moverse para recabar apoyos dentro de la organización e impulsar esa «regeneración».

Buscan una alternativa para la actual dirección, a la que consideran salpicada por los escándalos, y que haya algún tipo de censura o cuestionamiento del anterior secretario general Manuel Pastrana, ya que fue bajo su mandato, con Fernández Sevilla de número dos, cuando se produjo el supuesto desvío de fondos de formación hacia otros fines.