Egipto prohíbe la revolución

Casi tres años después del derrocamiento de Hosni Mubarak y su estado policial, las fuerzas de seguridad egipcias vuelven a tener carta blanca para imponer su voluntad en las calles del país con la impunidad que les ha caracterizado en las últimas décadas. La nueva y polémica ley de manifestaciones otorga al Ministerio del Interior la potestad de decidir sobre qué se puede protestar, así como la legitimidad para disolver las concentraciones mediante el uso de la fuerza. La disensión se ha quedado sin espacio legal.

La ley -con la que no habrían sido posibles las movilizaciones del pasado verano que llevaron al poder al actual Ejecutivo, o la propia revolución de 2011- ha sido puesta a prueba esta semana en El Cairo con desastrosas y previsibles consecuencias: un desafío de protestas diarias, todas ellas sin permiso de las autoridades, decenas de detenidos, entre ellos dos iconos revolucionarios como el cofundador del movimiento 6 de abril, Ahmed Maher, y Alaa Abdelfatah, y al menos un muerto.

Sin poder ampararse ya en el estado de emergencia para acallar las protestas de los islamistas, que se han concentrando casi a diario desde el golpe de Estado que derrocó a Mohamed Mursi, las autoridades se han sacado de la manga una norma hecha a medida para los Hermanos Musulmanes y que da cobertura legal a la represión de toda disensión política. Con la iniciativa, sin embargo, el Ejecutivo ha conseguido un efecto indeseado: se le ha abierto un nuevo frente de oposición no islamista, sectores que desde el verano habían permanecido en silencio y muchos de los cuales habían apoyado a los militares.

En un país que ha vivido los últimos tres años en la calle marchando detrás de una pancarta que pedía la caída de algún régimen -el de Mubarak, la junta militar o el de Mursi-, las nuevas autoridades surgidas tras el golpe de Estado no están dispuestas a que Egipto, y especialmente El Cairo, siga convertido en un gran manifestódromo. «En ausencia de instituciones democráticas, la ley es una herramienta del nuevo Gobierno para crear el nuevo orden y las instituciones que ellos quieren para el país, sin el estorbo de la oposición en las calles», asegura a este diario Ziad Akl Musa, del Centro de Esudios Políticos y Estratégicos Al-Ahram. La norma da una «apariencia de cobertura legal» a la represión de las fuerzas de seguridad que se ha venido dando en los últimos dos años, señala el analista.

La nueva normativa, que ha provocado incluso grietas en el Ejecutivo, prevé cuantiosas multas y penas de prisión para aquellos que se manifiesten «ilegalmente», exige a los organizadores que pidan un permiso con tres días de antelación al Ministerio del Interior, y deja en manos de éstos últimos y de los gobernadores la distancia a la que los convocados no podrán acercarse a edificios oficiales. El gobernador de Giza, por ejemplo, ya ha anunciado que ha habilitado un lugar especial para las protestas: un descampado semidesértico cerca de las Pirámides. La icónica plaza Tahrir de El Cairo, a pocos metros de la sede del Gobierno, podría quedar igualmente vedada si así lo decidieran las autoridades.

«Veto» a las movilizaciones

Las protestas «legales» también pueden ser dispersadas por la Policía cuando consideren que se ha cometido un delito como, por ejemplo, que alguien lance una piedra o se entorpezca el tráfico, y para ello pueden utilizar desde gases lacrimógenos hasta pistolas de perdigones. La base de la ley es tan amplia y tan vaga que no solo permitirá a los agentes dispersar a la fuerza manifestaciones de los Hermanos Musulmanes «sino que básicamente permitirá el veto a todas las protestas de la oposición», advierte Amnistía Internacional.

En lugar de investigar el gran número de muertes de manifestantes desde la revolución del 25 de enero y castigar a los responsables, «el Gobierno actual parece estar recompensando a las fuerzas de seguridad por sus excesos y proveyéndoles con aún más medios legales para pisotear los derechos», señala Hassiba Hadj Saharaui, subdirectora de la organización para Oriente Próximo y el norte de África.

Hasta el propio viceprimer ministro, Ziad Bahaa el-Din, ha reconocido no estar satisfecho con la nueva norma, «la forma en la que fue propuesta, debatida y la elección del momento», señala en una entrevista con el diario 'Asharq al-Ausat', y sugiere revisarla. «Para sacar adelante este tipo de leyes se necesita un consenso y un equilibrio de poderes», critica el analista Musa, «algo que no existe en este momento en Egipto».