IULV-CA pide a la Junta que dote de protección a la finca de La Almoraima

El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado una proposición no de ley en la que insta a la Junta, en el ámbito de sus competencias, a dotar de una figura jurídica de protección a la finca de La Almoraima, en el término municipal de Castellar de la Frontera, que favorezca el desarrollo de actividades y la consiguiente creación de empleo compatibles con la sostenibilidad de la misma, y no pongan en riesgo su potencial presente y futuro.

Esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se debatirá después de que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso haya rechazado una proposición no de Ley del PSOE que instaba a la Cámara a oponerse a la decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de vender y privatizar la finca de La Almoraima, y en la que se reclamaba la cesión de esta finca pública para que pase a ser gestionada por la Junta de Andalucía.

IULV-CA también reclama en la proposición no de ley que el Parlamento muestre su rechazo a la decisión del Gobierno central de poner en venta la finca La Almoraima y que la Junta inste al Gobierno a la cesión de competencias para la gestión y explotación de la citada finca.

Asimismo, el grupo parlamentario de IULV-CA demanda a la Cámara autonómica que inste al Consejo de Gobierno andaluz a ejercer el tanteo y retracto al que legalmente tiene derecho si el Gobierno central avanza en la operación de venta de la finca.

En la exposición de motivos, IULV-CA recuerda que la Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente del Parlamento andaluz aprobó el pasado mes de marzo una proposición no de ley en la que se acordaba solicitar al Estado la cesión de La Almoraima, el mayor latifundio de nuestro país, íntegramente en suelo andaluz, pero gestionado por la Administración central.

Según se apunta, la petición venía avalada por la necesidad de mejorar el rendimiento de la finca, «muy por debajo de su potencial y de las posibilidades de creación de empleo y riqueza que posee». No obstante, a pesar de las reiteradas peticiones de mejora realizadas, el Gobierno central se ha negado «con rotundidad» a aceptar cualquier propuesta en este sentido.

En esta línea, IULV-CA destaca que la intención de volver a poner el latifundio en manos privadas ha desatado «una fuerte contestación social» y numerosos colectivos, entidades, agentes sociales y económicos e instituciones ya han mostrado su rechazo a la venta.