La Guardia Civil defiende la legalidad de sus actuaciones en Gibraltar y Melilla

La Guardia Civil va a estudiar las declaraciones públicas realizadas por algunas personas o colectivos en las que se acusa a los miembros del instituto armado de realizar «prácticas ilegales» en la devolución de inmigrantes en Melilla por si procediera emprender alguna acción legal contra ellos.

De esta forma lo ha expresado el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, durante el acto de clausura de la III Asamblea de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), según un comunicado del instituto armado.

En este foro, Fernández de Mesa ha reiterado su apoyo absoluto al trabajo de los guardias civiles en toda España y en especial, en Gibraltar y en Melilla, donde en los últimos tiempos están trabajando «duro» y «en escenarios complicados», con el único objetivo de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Durante la asamblea, se han tratado cuestiones de interés para todas las escalas de la Guardia Civil, así como asuntos relacionados con la gestión de la propia asociación. Fernández de Mesa ha agradecido «el compromiso leal que mantiene la asociación en la defensa de los intereses propios de la Guardia Civil». También se ha referido a la regulación del derecho de asociación, hace ya seis años, y a la consolidación de «un modelo asociativo no sindical, de defensa de los intereses profesionales, económicos y sociales, en el que impera la participación de todos los componentes del cuerpo».

Ha resaltado la importancia del Consejo de la Guardia Civil, en el que se han tratado asuntos «tan importantes» como la nueva Ley de Personal, la regulación de las misiones de carácter militar que se pueden encomendar a la Guardia Civil, el uso del uniforme o la provisión de destinos.