UGT se enreda en Andalucía

La crisis en UGT por las facturas falsas descubiertas en la federación andaluza pone el foco en las prácticas internas del gran sindicato y descubre no sólo irregularidades contables que pueden acabar en los tribunales, sino también unas estructuras complejas y poco transparentes, amén de un submundo de luchas de poder que hasta ahora apenas trascendían. La dimisión del secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, puede ser el cortafuego que permita al líder de UGT, Cándido Méndez, salvar la cara de momento, pero necesitará medidas contundentes para resanar una institución que cuenta con 1,2 millones de afiliados. Además, las desviaciones de los fondos para formación podrían alcanzar al Instituto de Formación y Empleo, que depende directamente del comité confederal y por extensión de Méndez.

El ERE que la central presentó el 30 de noviembre de 2012, y que afectaba a 159 trabajadores, fue el detonante de toda una cadena de revelaciones que han terminado por descabezar al sindicato andaluz. Algún despedido, que conocía bien las tripas de la organización, se marchó cargado de carpetas y documentos, cuya sucesiva publicación ha sido demoledora. No sólo hay gastos suntuarios poco acordes con el sindicalismo, también facturas falsas para gastos diversos que fueron pagados con fondos de la Junta de Andalucía que debían ir a otros fines, como formación de parados, negociación colectiva o mujeres discriminadas.

Este martes se dará a conocer el informe que la Junta de Andalucía ha elaborado ante la insuficiente documentación que el sindicato presentó a un anterior requerimiento. De momento, se sabe que la Junta va a reclamar 1,8 millones de euros de dos de las partidas investigadas, pero existen sospechas sobre otras líneas, que suman 7,5 millones. Se investigan una treintena de ayudas y no se descarta que se amplíe a otras más. La cantidad supera en mucho los 115.000 euros que el sindicato había reservado para hacer frente a lo que llamó «diferencias contables».

Las denuncias apuntan a la gestión de Manuel Pastrana, secretario general desde 1997 hasta hace seis meses, y a su sucesor, el recién dimitido Francisco Fernández Sevilla, que fue su número dos y hasta le suplió mientras estuvo enfermo. Pastrana impuso a Fernández Sevilla para marcharse cuando ya había empezaba a abrirse la caja de los truenos. Muchos pensaban que no estaba a la altura, pero una cierta 'omertá' y el sentimiento, un poco sectario, de que eran objeto de un ataque externo propició un cierre de filas que impidió una alternativa.

Pastrana llegó al cargo al ganar por cuatro votos de diferencia a Juan Mendoza, el candidato que había sustituido a Cándido Méndez cuando se marchó a Madrid. Nunca tuvieron buena relación, pero la compleja estructura sindical permitió al líder andaluz mucha capacidad de maniobra y el control absoluto del aparato regional.

Fernández Sevilla fue su secretario de Organización. A él se le achaca la convulsa negociación del ERE, el rechazo al acuerdo judicial alcanzado y, de rebote, los problemas actuales. Incluso se le acusa de haber incluido en la regulación de empleo a la gente que le podía resultar incómoda. La presidenta del comité de empresa ha sido expedientada y las filtraciones a los medios han desatado una caza de brujas.

Investigación de la Junta

La investigación de la Junta se centra en 2009 y 2010, ya que los ejercicios posteriores aún no se han cerrado. Es imposible saber de cuánto dinero ha dispuesto la central en cada anualidad porque tiene convenios con todas las consejerías. Fuentes sindicales cifraron en 20 millones la consignación anual sólo para formación; la mitad correspondería a la Confederación de Empresarios de Andalucía y el resto a CC OO y a UGT. Pero esa sería sólo una de sus líneas de financiación.

La dirección regional ugetista nunca admitió más que errores o discrepancias contables; hasta que Fernández Sevilla fue obligado a dimitir. Queda por saber si esta marcha deja o no más en evidencia a Méndez, si puede seguir alegando que ni sabía qué pasaba en Andalucía ni tenía capacidad para atajarlo. Fuentes sindicales apuntan a que prácticas similares se han dado en Cataluña, Valencia o Asturias, e incluso en el Instituto de Formación y Empleo, la entidad que gestiona esos fondos a nivel confederal.

A esta crisis interna se une la investigación sobre el caso de los ERE fraudulentos en los que, según la jueza Mercedes Alaya, los sindicatos habrían percibido, en conjunto, 7,5 millones de euros en sobrecomisiones. Hasta ahora son siete los ugetistas imputados, entre ellos un dirigente, el exsecretario de Cádiz, Salvador Mera, y una docena de afiliados a CC OO, pero UGT se ve especialmente implicada porque uno de los cabecillas, Juan Lanzas, fue dirigente del sindicato.