La ley de transparencia, lista para ser aplicada en el plazo de dos años

La ley de transparencia ya está aprobada, lo que no significa que haya entrado en vigor. Lo hará, al completo y para todas las administraciones, a finales de 2016. El Gobierno, los organismos adscritos a la Administración General del Estado y, con límites, el Congreso, el Senado, el Banco de España, la Casa del Rey, los partidos, los sindicatos e incluso la Iglesia tienen un plazo de un año para aplicarla de manera efectiva, pero los gobiernos autonómicos y los locales, que, en la mayoría de los casos entrarán en campaña electoral en apenas seis meses, contarán con un año adicional.

La parte de la norma que se refiere al «buen gobierno» sí será de obligado cumplimiento desde el mismo momento en que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, pero los ciudadanos aún tendrán que esperar si quieren recibir de quienes gestionan lo público información a la que hoy es difícil o imposible acceder, como contratos, sueldos, estadísticas, informes de auditoria y fiscalización. En definitiva, datos que les permitan hacerse una idea de a qué se dedican sus impuestos, aunque con algunas reservas.

En esas reservas, relacionadas con la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos y el derecho profesional, pero también los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o «el secreto requerido en procesos de toma de decisión», radica una parte del rechazo de buena parte de la oposición a la ley. Aunque no es el único motivo.

Después de catorce meses de tramitación, durante los que el Gobierno de Mariano Rajoy pretendió incorporar al resto de grupos, y especialmente al PSOE, el texto salió adelante ayer en el Congreso, tras su paso por el Senado, con el único apoyo firme del PP. Los nacionalistas de CiU y PNV se reengancharon una vez que se dejó claro que la competencia para abrir expediente y sancionar a altos cargos de la administración local y autonómica corresponderá a esa administración y no al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero su respaldo siempre ha sido crítico.

Los socialistas se descolgaron, aunque con cierto pesar, como consecuencia del 'caso Bárcenas'. Y el resto de fuerzas de izquierda la creen insuficiente.