Méndez intenta resolver la crisis de UGT con dimisiones solo en Andalucía

Cándido Méndez tiene «meridianamente claro» que en UGT de Andalucía se van a asumir «todas las responsabilidades políticas» tanto por el 'caso de los ERE' como por las facturas falsas para financiar el sindicato. El secretario general informó que durante la reunión del comité confederal de la organización gremial él mismo utilizó el término «dimitir», pero no en sentido personal sino dirigido a la dirección en Andalucía. Esa sería la respuesta a la delicada situación del sindicato en esa comunidad tras la avalancha de denuncias sobre irregularidades económicas.

El secretario general de UGT confesó que está «afectado» por lo que pasa con su organización en Andalucía, pero deslindó responsabilidades porque «la responsabilidad material y política» está en esa federación y no en la dirección. «Eso es lo que tiene que quedar claro», apostilló para desencantar a quienes piden su renuncia. Las dimisiones, como todo apunta que habrá, se circunscribirán a UGT de Andalucía. Méndez no lo dijo, pero en el ambiente de la sede de la dirección de la central flotaba el nombre del secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla.

Así lo reconocieron también fuentes próximas al líder del sindicato. «No descarto dimitir, aunque la potestad es de los afiliados», admitió el propio Fernández Sevilla el miércoles antes de incorporarse a la reunión del comité confederal de UGT que se celebró ayer y hoy en Madrid.

Aunque ha pasado el tiempo, Méndez no olvida el fraude millonario de la cooperativa de viviendas PSV promovida por UGT a comienzos de los años noventa y que precipitó la salida del líder histórico de UGT Nicolás Redondo, que en 1993 no se presentó a la reelección y le dio el relevo. El actual secretario general, si bien hace unos días confesó que la idea de la dimisión rondaba por su cabeza, no se plantea ahora seguir ese camino y ciñó el problema a Andalucía. Para delimitar el terreno, explicó que la estructura de una organización sindical no es la de un partido, en la que las responsabilidades políticas son exigibles al líder por hechos acaecidos en cualquier territorio y en los que la dirección no tiene implicación directa. UGT, dijo, «está muy descentralizada», tiene una estructura confederal y cada organización es responsable de sus actos, recauda sus cuotas, se financia y elabora sus presupuestos. Que cada palo aguante su vela, vino a decir.

El secretario general de UGT incluso puso fecha al corte de cabezas, el 9 de enero. Ese día se reunirá un comité regional extraordinario de Andalucía y se adoptarán «las decisiones políticas que correspondan». Será así si es que antes no hay nuevas denuncias que precipiten los acontecimientos, como reconoció el líder sindical. Y es que seis semanas puede ser un plazo muy largo al ritmo que se suceden las denuncias.

Reguero de casos

UGT de Andalucía se vio salpicada primero por la implicación de algunos dirigentes en la trama de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. Pero la aparición de facturas falsas de actos no celebrados y cargados al Gobierno autonómico, o las de actos de ocio, comidas, reuniones y compras de regalos, con maletines falsificados en Asia incluidos, que también fueron facturados a la Junta de Andalucía, amenazan con llevarse por delante a la dirección del sindicato en esa comunidad, sin descartar que tenga repercusiones en la dirección nacional de la organización pese a los intentos de Méndez de situarse al margen.

El comité confederal del sindicato, no obstante, aprobó una resolución que puede servir de consuelo a los dirigentes andaluces del sindicato. El texto, que contó con un respaldo casi unánime, con solo cuatro votos en contra y ocho abstenciones, denunció la existencia de una «causa general» contra UGT para desprestigiar y destruir a la organización.

Sostuvo que hay una «campaña antisindical» impulsada por grupos «conservadores que apoyan al Gobierno», acompañada de otra «campaña maliciosa de ciertos medios de comunicación» plagada de «acusaciones y difamaciones» por hechos «aislados» que no tienen ningún reproche penal ni están judicializados.

La resolución del comité confederal muestra asimismo la solidaridad con los dirigentes «injustamente afectados por actuaciones judiciales», una alusión a la magistrada Alaya, y «por la campaña de difamación mediática».