El Gobierno suaviza su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

Hasta ahora solo se trata de un borrador, pero el proyecto para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana augura un proceso de aprobación turbulento y polémico, que difícilmente el PP podrá llevar a buen puerto sin su mayoría parlamentaria absoluta. De momento, en su fase inicial de tramitación ya ha conseguido divisiones en el propio Gobierno. Y es que antes incluso de ver la luz uno de los proyectos estrella del Ministerio del Interior ya ha sido contestado desde dentro del Ejecutivo, cuyo sector más reacio a la dureza que propugna Jorge Fernández Díaz está capitaneado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El borrador debió de haber sido remitido al Consejo de Ministros el pasado viernes aunque Interior decidió aplazar una semana este paso con la justificación de pulir algunos flecos del texto. Dos días antes salieron a la luz algunos de los aspectos más relevantes de la propuesta, entre los que se incluyen multas de entre 30.001 y 600.000 euros para acciones como las concentraciones en las inmediaciones al Congreso o los escraches a responsables políticos. Estas posibilidades motivaron un alud de críticas hacia el Gobierno entre partidos de la oposición, asociaciones judiciales, plataformas civiles e, incluso, policiales.

Según confirmaron ayer fuentes de Interior, en la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios que preparará hoy el Consejo de Ministros de este viernes se planteará suavizar algunas de las sanciones establecidas en el borrador, que pasarían de considerarse como faltas muy graves a solo graves. En la práctica esto conllevaría para este tipo de faltas una rebaja en las sanciones a entre 1.000 y 30.000 euros. En cualquier caso, desde el Ministerio no pudo precisarse a qué puntos concretos afectarán estas correcciones hasta que hoy no decida sobre ellos la comisión.

Conforme a las conclusiones que se alcancen en este comité técnico la reforma de la ley será enviada al Consejo de Ministros este viernes o por el contrario volverá a ser pospuesta. Este último supuesto supondría un nuevo revés para Fernández Díaz, quien ha reconocido su intención de que la reforma inicie su tramitación parlamentaria antes de final de año.

El alcance de las modificaciones del borrador dependerá del pulso soterrado que mantienen la número dos del Ejecutivo y el ministro del Interior. El texto que surja será remitido a los órganos consultivos del Ejecutivo, Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial, que podrían poner en tela de juicio la constitucionalidad de algunos de los apartados de la ley. No obstante, desde que se filtraron la semana pasada algunos de los artículos del texto Interior ha insistido en destacar que se trata solo de una propuesta inicial, abierta a mejoras durante su tramitación parlamentaria.ç

Ataque de la oposición

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha reprochado al PSOE que critique la reforma sin haberla leído. Los socialistas han denunciado que se trata de una 'ley mordaza' para restringir derechos constitucionales. El número dos del Ministerio arremetió ayer en el Senado contra el principal partido de la oposición por «criticar algo que no conoce» y anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional de una reforma legal cuyo proceso legislativo aún no se ha iniciado. «A lo mejor introduce mejoras y más garantías que la del 92», argumentó Martínez en alusión a la norma impulsada por el entonces ministro José Luis Corcuera, también conocida como 'ley de la patada en la puerta' y que fue declarada inconstitucional en algunos de sus aspectos.

Las explicaciones del secretario de Estado no convencieron a los socialistas, cuyo secretario general de grupo parlamentario, Eduardo Madina, preguntará a Fernández Díaz por su proyecto de seguridad ciudadana en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. El diputado del PSOE cuestionará al titular de Interior sobre un proyecto de ley que «persigue la represión de los ciudadanos y de las nuevas formas de protesta». La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, preparó hoy el terreno y denunció que el PP pretende pasar «de la mayoría silenciosa a la que tanto apela a una mayoría silenciada».