El PP frena la ofensiva de la oposición contra Rajoy tras las novedades del 'caso Bárcenas'

La constatación por parte del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de que existen «indicios» de una contabilidad B en el PP ha vuelto a desatar una ofensiva de la oposición para que Mariano Rajoy rinda cuentas ante el Congreso. Pero los populares se resisten. El portavoz de la formación en la Cámara baja, Alfonso Alonso, defendió que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ya fue suficientemente «contundente» el lunes al asegurar en la sede del PP que todos los pagos realizados aparecen en las cuentas oficales. Y alegó que ahora el asunto debe ser resuelto en los tribunales.

A pesar de que sabían de antemano que sus exigencias caerían en saco roto, fueron varios los grupos que ayer presentaron iniciativas para intentar forzar una nueva comparecencia del jefe del Ejecutivo; la segunda después de que, incapaz de resistir unas presiones que trascendieron incluso el ámbito nacional, decidiera hablar sobre su prolongado apoyo a Luis Bárcenas. Izquierda Unida volvió a reclamar una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos. Y UPyD alegó que la resolución del juez demuestra que Rajoy mintió aquel 1 de agosto.

El plato fuerte fue, en todo caso, para el PSOE. Y se venía cocinando de lejos. Al pleno llegó ayer su proposición no de ley del PSOE para obligar a los presidentes del Gobierno, a través de una reforma del reglamento de la cámara, a contestar personalmente las interpelaciones que se le dirijan. En la actualidad, puede delegarlas en cualquiera de sus ministros y de hecho así se ha hecho siempre. Lo que buscaban es que, de alguna manera, sea posible reprobar a un jefe del Ejecutivo sin necesidad de presentar una moción de censura, un paso político siempre arriesgado.

Lo cierto es que la jugada tampoco terminó de salir redonda al PSOE y no porque el PP la bloqueara sino porque apenas hubo un grupo parlamentario que no le achacara un comportamiento un tanto torticero de los instrumentos parlamentarios. Incluso aunque votaran sí. Esquerra recordó a los socialistas que cuando estuvieron en el Gobierno esa misma propuesta fue planteada por su grupo dentro de la ponencia constituida para la reforma del reglamento -intentada una y mil veces a lo largo de los años y nunca lograda- y no les secundaron. CiU advirtió de que la fórmula para cambiar las normas internas es la búsqueda del consenso dentro de la ponencia que también se ha constituido en esta legislatura, no las iniciativas individuales y parciales. Y en líneas similares se pronunciaron PNV, UPyD e Izquierda Unida.

La negativa del PP, defendida por el veterano Ignacio Astarloa, se apoyó en las cuestiones formales pero también en el fondo. Los populares insisten en que la figura anglosajona del 'impeachment', una suerte de juicio político al cargo público, y a la que de alguna manera aspiran los socialistas, no tiene cabida en el ordenamiento español. Conforme a la Constitución, insisten, la exigencia de responsabilidades políticas a un presidente del Gobierno y su subsiguiente destitución sólo sería planteable por parte de la oposición mediante una moción de censura de carácter constructivo, lo que obliga a presentar un candidato alternativo y a contar con el respaldo de la mayoría absoluta de las Cortes.

«Lo suyo -dijo Astarloa- se llama oportunismo, sacar tajada política desgastando al Gobierno a costa de las instituciones». E insistió: «Si hay disposición a buscar el acuerdo hay que reunir la ponencia para la reforma del reglamento, pero para hablar de todo».

Via judicial

La vía de la interpelación queda pues cercenada. Pero también la de la comparecencia de Rajoy a petición de la Cámara baja porque Alonso dejó claro, tras la reunión de la Junta de Portavoces, que la considera innecesaria. Es más, frente a las críticas de la oposición defendió que nadie puede acusar al presidente del Gobierno de no rendir cuentas ante el Parlamento porque en lo que lleva de legislaturas ya ha tenido 120 intervenciones.

La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, advirtió de que en todo caso su formación también dará la batalla en los tribunales para que el PP no eluda responsabilidades. Así anunció la entrega al juez Pablo Ruz de un informe pericial que contradice el elaborado por la Agencia Tributaria y del que se derivaba que las «donaciones ilegales» a partidos pueden ser objeto de exenciones o deducciones fiscales. Además reiteró que en los próximos días solicitarán un careo entre María Dolores de Cospedal y el extesorero popular.