«Estupor y malestar» de los fiscales con Gallardón por excluirles del Consejo

En un acuerdo sin precedentes, los miembros del Consejo Fiscal, el órgano asesor del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, consensuaron ayer una dura resolución en la que mostraron su «estupor» y el «profundo malestar» que ha generado la ausencia de fiscales de carrera en la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial.

El enfado de los fiscales se personificó sobre todo en el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que se ha encargado de negociar con el PSOE el reparto de 17 de las 20 vocalías del órgano de gobierno de los jueces, ya que las tres restantes fueron propuestas por Izquierda Unida, PNV y CIU y aceptadas sin más.

La resolución del Consejo Fiscal recoge la sinrazón de que los «partidos políticos priven» a los acusadores públicos de su presencia en dicho órgano, en el que, en cambio, habrá jueces, secretarios judiciales o juristas, pese a que el Ministerio Fiscal es una institución «expresamente insertada por la Constitución en el Poder Judicial».

Asimismo, añadieron que con el proceder de PP y PSOE «se ha desaprovechado la experiencia y el conocimiento de la realidad diaria» del funcionamiento de la Administración de Justicia que disponen los más de 2.200 fiscales que ejercen en todo el país. Esta ausencia, afirmaron, también supone «precisamente velar por la independencia de los miembros del Poder Judicial, una de la principales y relevantes funciones del Consejo».

Todo el contenido de esta resolución se lo hará llegar el propio Torres-Dulce a Alberto Ruiz-Gallardón y a los presidentes del Congreso y del Senado, que han ratificado los nombramientos de los nuevos vocales. Ayer el pleno de la Cámara baja y hoy el de la alta.

En el lado opuesto, el ministro de Justicia no quiso entrar ayer en batallas con los fiscales y se remitió al amplio consenso parlamentario y al cumplimiento por vez primera de los plazos para presentar la renovación del gobierno de la judicatura como un logro «en estos tiempo de luchas de los partidos». Aunque UPyD ya ha anunciado que llevará el «sistema de reparto de la tarta judicial» al Tribunal Constitucional.

Por su parte, el Consejo saliente se despidió ayer con la celebración del último pleno, en el que siete consejeros de diversa índole lamentaron en un texto que su mandato, marcado por la dimisión del presidente Carlos Dívar, no ha sido capaz de defender la independencia de los jueces y su oposición a las reformas del Gobierno, como la ley de tasas, la supresión de la figura de jueces y fiscales sustitutos o la reforma del propio gobierno judicial.