Carlos Fabra eludirá la cárcel pese a estar condenado a cuatro años por delitos fiscales

Diez años después de iniciarse el proceso, la Audiencia Provincial de Castellón condenó al expresidente de la Diputación y líder del PP en esta provincia, Carlos Fabra, a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros por cuatro delitos de fraude fiscal, a razón de un año por cada uno, en el marco del conocido como 'caso Naranjax'. La Fiscalía había solicitado para Fabra hasta 13 años de cárcel y una multa de 1,98 millones.

El proceso se inició en 2003 a raíz de la denuncia del empresario Vicente Vilar, propietario de la empresa Naranjax y hasta entonces amigo íntimo de Fabra. Vilar acusó al exdirigente popular de exigirle dinero a cambio de mediar ante el Gobierno central, entonces presidido por José María Aznar, para facilitar la concesión de las licencias de comercialización a sus productos. A estas acusaciones de tráfico de influencias y cohecho se sumó otra en 2005 por parte del Ministerio de Hacienda por fraude fiscal, única imputación que al final ha valorado el tribunal.

Los magistrados consideran que no ha quedado acreditado que Fabra influyera sobre el Ministerio de Agricultura con el fin de favorecer a su antiguo amigo. Sí se ha demostrado en cambio «a través de una abundante prueba documental» que entre 1999 y 2004 el dirigente del PP defraudó a la Hacienda Pública. Según refleja la sentencia, a lo largo de este periodo Fabra llevó a cabo un elevado número de operaciones bancarias, hasta 600 ingresos en metálico en esos cinco años, en las cuentas de las que era titular junto a su exesposa que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta declarada por el matrimonio. Durante el juicio, peritos de la Agencia Tributaria aseguraron que el patrimonio de Fabra no se podía justificar ni aún teniendo en cuenta los varios premios de la Lotería de Navidad con que el expresidente de la Diputación asegura que ha sido agraciado hasta en cinco ocasiones.

Junto al que fuera todopoderoso líder del PP en Castellón ha sido condenada su exmujer, Amparo Fernández, en su caso a dos años de cárcel también por delitos fiscales. Además, el tribunal absolvió a Vilar y a su expareja, Montserrat Vives, de un delito de cohecho continuado y al exsenador Miguel Prim por tráfico de influencias.

Instantes después de hacerse pública la sentencia, Fabra anunció que aunque recurrirá la pena se sentía satisfecho por haber quedado absuelto del resto de los delitos que se le imputaban. Según ha explicado el expresidente de la Diputación de Castellón, se trata de una decisión «muy importante desde el punto de vista moral» ya que ha quedado demostrado que no incurrió en ningún tipo de corrupción. Al margen del resultado del recurso que presentará Carlos Fabra ante el Tribunal Supremo, en base a otros casos similares, se puede dar por hecho que Fabra no tendrá que llegar a ingresar en prisión.

Una norma no escrita del alto tribunal establece que los condenados por delitos fiscales y cuyos casos no supongan una alarma social pueden eludir su entrada en prisión a cambio de abonar la multa que se les imponga en la sentencia. A pesar de esta posibilidad, Fabra manifestó ayer que no dispone de los 693.000 euros que se le han impuesto como multa ni de una suma idéntica para compensar a Hacienda como indemnización.

Diez años de proceso

El proceso contra el expresidente de la Diputación de Castellón ha estado jalonado por un sinfín de vicisitudes judiciales que derivaron en que hasta nueve magistrados diferentes se hicieran cargo de la instrucción del caso antes de que se abriera el juicio oral en diciembre de 2012. A lo largo de los diez años durante los que se ha extendido el proceso, Fabra fue exculpado de otro delito por falsedad documental. En 2010 la Audiencia de Castellón anuló la causa por los delitos fiscales de los que se acusaba al exdirigente del PP de los delitos fiscales por los que finalmente ha sido condenado aunque esta decisión fue revocada por el Tribunal Supremo que ordenó reabrir la causa.

Entre otros testigos declararon en el proceso el actual presidente del Congreso, Jesús Posada, y la vicepresidenta, Celia Villalobos, quienes ocuparon las carteras de Agricultura y Sanidad cuando se acusó a Fabra de mediar a favor de Naranjax. Ambos negaron la presión del exlíder del PP de Castellón con el fin de favorecer a la empresa de su antiguo amigo y aseguraron que el papel del expresidente de la Diputación se limitó a preguntar por un mero interés informativo. Fabra abandonó la Presidencia de la Diputación de Castellón en 2011 tras 16 años en el cargo.