Aguirre reprocha al Gobierno que no destituyera al juez español en Estrasburgo

Las víctimas del terrorismo no tienen asiento en el comité ejecutivo nacional del PP, pero la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre hizo llegar su voz a ese órgano de dirección del partido gubernamental. La todavÍa líder de los populares en la Comunidad de Madrid preguntó por qué el Gobierno de Mariano Rajoy, que estaba presente, no había destituido a Luis López Guerra, el magistrado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, antes de que dictara sentencia contra la doctrina Parot.

Un argumento al que apelan las organizaciones de víctimas para sostener que el Ejecutivo de Rajoy no actuó con diligencia para evitar una sentencia como la que se produjo, y que ha propiciado la excarcelación de 41 terroristas en un mes, 36 de ellos de ETA, y una decena de grandes delincuentes. El Gobierno también considera que la actuación de López Guerra, propuesto para el cargo por José Luis Rodríguez Zapatero, influyó en la decisión de sus 16 compañeros de tribunal que, por otra parte, tomaron la decisión por unanimidad.

Rajoy no respondió, pero Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia y tradicional rival de Aguirre, salió al quite para contestar que no era posible la destitución porque el mandato de López Guerra es de nueve años y comenzó en 2008. Un magistrado de esa corte debe dejar el cargo al cumplir los 70 años o si dos tercios del tribunal decide su relevo. Ninguna de los dos supuestos se dieron en este caso.

Disgusto por la sentencia

El Gobierno no puede destituir al magistrado que designó y cuyo nombramiento fue aceptado por el Consejo de Europa. Un intento de abortar el nombramiento de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura en 2008 fue rechazado por el Supremo porque nada impide que un cargo gubernamental -López Guerra fue secretario de Justicia- acceda a la carrera judicial.

Rajoy no entró en el debate y se limitó a mostrar una vez más su «disgusto» por la sentencia, aunque recordó que los jueces que aplican la doctrina de Estrasburgo son los mismos que antes juzgaron y condenaron a los miembros de ETA. Defendió asimismo la división de poderes que impide al Ejecutivo entrometerse en las decisiones de la Justicia y sostuvo que los fallos de los tribunales obligan «absolutamente a todos». El presidente negó, de paso, que su Gobierno haya «negociado, dialogado o compadreado» con ETA.