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ESPAÑA

Ruz confirma los indicios de que el PP tenía una contabilidad B «continua en el tiempo»

El juez asegura que el arquitecto que reformó la sede del partido cobró un millón del «remanente» de la caja oculta

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El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dio ayer un paso de gigante en la investigación del 'caso Bárcenas', la supuesta financiación irregular del PP. En su auto más contundente desde que instruye la causa hace ocho meses, el instructor confirmó los indicios que avalarían la existencia de una contabilidad B en el partido del Gobierno que habría funcionado de forma «continua en el tiempo».

En respuesta a los cantos de sirena que anunciaban el próximo archivo de la investigación, en buena medida por la actitud conservadora de la Fiscalía Anticorrupción, y el mismo día en que se confirmaba que seguirá en el Juzgado Central de Instrucción número cinco, ya que el titular de su plaza se va destinado a Londres, Ruz cerró uno de los círculos más complejos de la investigación desde que los 'papeles de Bárcenas' saltaron a la luz pública en enero y que desde entonces condicionan la vida política del país.

La culminación del círculo pasaba por encajar las piezas del puzzle. Es decir, dar veracidad a los apuntes secretos del extesorero del PP -ya lo hizo la Policía y la Agencia Tributaria- y cotejar lo que allí dice con otros documentos intervenidos a terceros o con los correspondientes recibís del dinero negro o no declarado.

Pues bien, todas estas piezas se juntaron tras el registro que el juez ordenó el pasado 27 de septiembre en un bajo de la calle Conde de Peñalver de Madrid, en el señorial barrio de Salamanca. Era viernes por la tarde y el magistrado comunicó la intervención el lunes siguiente. Un silencio que hacía presagiar algo importante, como así ha sido para gloria de una investigación que parecía abocada al archivo.

El registro en la oficina de la empresa Unifica Servicios Integrales, propiedad del arquitecto Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba, encargado de la remodelación de la sede nacional del PP entre 2006 y 2011, en la madrileña calle Génova número 13, fue una mina. Era la primera orden de entrada dictada por Ruz en ocho meses del 'caso Bárcenas'. Y pese a la tardanza de la Policía en entregar el informe de conclusiones, casi dos meses por los cambios habidos en la jefatura de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), la espera ha merecido la pena.

Tras revisar la documentación incautada, las memorias electrónicas, los ordenadores, varios discos duros y una tableta digital halladas en la sede de Unifica, cotejarlo con la revelaciones que hizo Bárcenas en sede judicial en julio pasado y compararlo con la documentación que el PP presentó en agosto sobre las obras de su sede, el resultado fue elocuente porque aunque con «carácter indiciario y provisional» se puede decir que parte de los pagos de la obra se hicieron en B.

«Puntos negros»

La remodelación integral del edificio se hizo entre 2006 y 2011 y los 'puntos negros' de la facturación de ese trabajo se documentan en 2006 y 2008, en las planta segunda, tercera, cuarta y quinta. Además, según el juez, existen elementos indiciarios con respecto a la planta baja, la sala de prensa y las oficinas de la dirección del partido en la planta séptima.

El beneficiario directo de los pagos en B que se sospecha que hizo el PP fue el arquitecto Gonzalo Urquijo, que recibió 1.072.000 euros, 184.000 en 2006 y 888.000 en 2008, procedente, y esto es la primera vez que lo escribe Ruz en un auto, «del remanente de capital no contabilizado disponible en la denominada Caja B del PP».

Es decir, el instructor asegura que en la supuesta contabilidad paralela que manejaba la tesorería, esto es Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, entraba dinero no declarado al Tribunal de Cuentas que servía para pagar asuntos como parte de la remodelación del edificio de Génova 13, como reveló Bárcenas en su declaración de julio, cuando cambio de estrategia y decidió tirar de la manta.

Un ejemplo de cómo funcionó la contabilidad B en la remodelación de la sede nacional es el siguiente: Factura de la planta segunda, 2 de enero de 2008, valor 195.000 euros. Tras el registro en Unifica aparece un documento del recibí con una nota reveladora para los investigadores, «Anulado», y por otro está la anotación de los papeles de Bárcenas de esa salida de dinero a «Gonz. Urquijo». Así otros tres apuntes más.

Todo ello permite confirmar, a nivel indiciario, «la posibilidad (...) respecto a la presunta existencia por parte del PP de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas», señala el auto judicial.

Para Ruz, los «responsables finales» de esta presunta trama de financiación irregular serían Bárcenas y Lapuerta, que se encargaban del control de las cuentas del PP, aunque fuentes judiciales aseguraron que el magistrado espera acabar las diligencias y declaraciones de las obras en el inmueble para decidir si eleva los indicios contra la Secretaría General, que entre 2006 y 2011 ocuparon Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal.

Pero antes de llegar a esa fase de la investigación, el juez se centra en 2008, año que los delitos no habrían prescrito, para imputar uno o varios delitos contra la Hacienda Pública al arquitecto Gonzalo Urquijo, al que ha citado a declarar el 16 de diciembre. Y como cooperadores necesarios o cómplices a Bárcenas, como la persona encargada de los pagos de las obras, y a Cristobal Páez, quien ocupó la gerencia del partido y quien se encargó de participar de forma activa en la decisiones y seguimiento de las obras de reforma, que declarará como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional ese mismo día.