La Audiencia de Sevilla recrimina a la Junta que sea acusación y defensa en el caso de los ERE

La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de la Junta de Andalucía contra la imputación por la jueza Mercedes Alaya de 20 cargos y excargos de la administración autonómica, entre ellos Magdalena Álvarez y Antonio Lozano, en el caso de los ERE fraudulentos. En un escrito conocido ayer, la Audiencia recrimina a la Junta que siendo como es acusación en la causa, quiera al mismo tiempo actuar como defensa en el proceso, argumentos por los que considera que no está legitimada para pedir la nulidad de las imputaciones.

La Junta recurrió el auto de Alaya del 28 de junio en los que incluía a 20 altos cargos, por falta de motivación y concreción de las imputaciones y por la indefensión que ello acarrea a los aludidos, lo que podría en un futuro derivar en la anulación de todo el proceso. En su escrito del pasado julio, la Junta también acusa a la magistrada de arrogarse competencias que no le corresponden al considerar ilegal una ley, como la de presupuestos, aprobada por el Parlamento. En el citado recurso, los letrados de la administración autonómica vertían duras frases contra la magistrada. Les acusaba de «subvertir el estado democrático», «perturbar el estado autonómico» y de un «ataque frontal contra el estado de Derecho».

Los cuatro magistrados de la Audiencia de Sevilla que firman la respuesta al recurso devuelven la misma medicina a la Junta, aunque en tono más blando. En realidad no entran en el fondo de las cuestiones planteadas por los letrados, solo se detiene en el hecho de que la Junta, como acusación en la causa, no tiene «competencias ni facultades» para ejercer de garante del proceso judicial como, según el tribunal sevillano, parece pretender.

El escrito es una dura reprimenda a los letrados de la Junta de Andalucía por querer ser acusación y defensa al mismo tiempo cuando se refiere a cargos de su propia administración. «En consecuencia, puede alegarse igualmente la innecesariedad de la actuación de la Junta de Andalucía, no obstante haberse constituido en la causa como parte acusadora, con la interposición de este recurso -lo que decimos con todos los respetos, pero hemos de afirmarlo- viene materialmente a realizar labores propias de una defensa».

En otra parte del escrito añade: «Buena muestra de la confusión de planos procesales habida en el planteamiento del recurso son las adhesiones al mismo (...), formuladas solamente por cuatro imputados, dos de ellos, a mayor abundamiento, ni siquiera afectados por el auto apelado». Se refiere esto último al exdirector general de Trabajo Daniel Rivera y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputados con anterioridad al auto de junio y quienes se adhirieron al escrito de la Junta.

Al desestimar el recurso de nulidad, la situación procesal de los imputados queda como estaba tras el auto de la magistrada Alaya el 28 de junio, es decir siguen siendo imputados. Si bien, como admite la Audiencia en su escrito, los afectados sí pueden recurrir por si mismos. De hecho, el mismo tribunal dictó la nulidad de la imputación de Magdalena Álvarez, quien recurrió con los mismos argumentos esgrimidos por los letrados de la Junta, falta de motivación e indefensión. También Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera y otros cargos recurrieron por cuenta propia. La Audiencia aún no se ha pronunciado sobre estos.

Archivo de la causa

Ahora bien, Alaya mantuvo la imputación de la exministra de Fomento haciéndola comparecer el pasado 7 de noviembre y volviéndola a acusar de prevaricación y malversación. Álvarez, a través de su letrado Horacio Oliva, ha recurrido de nuevo a la Audiencia de Sevilla. La ex consejera de Economía y Hacienda y ahora vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha solicitado el archivo de la causa al estimar que no existe ni ha participado en ningún «masivo contubernio» ni ninguna «maquiavélica actuación» que, según entiende, le atribuye la jueza Alaya.

Según informa Efe, Álvarez cree que la acusación de la instructora se apoya en un relato «genérico y deslavazado, basado en especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos, y en el que no se llega a efectuar, ni expresa ni implícitamente, la imprescindible conexión de los hechos descritos con los presupuestos típicos que determinan la relevancia penal de la conducta atribuible». La imputación se sostiene sobre la existencia de una «confabulación masiva del Gobierno de la Junta», pero ni el «masivo contubernio pretendido ni la maquiavélica actuación» que se achaca a la ex ministra «resiste un mínimo escrutinio», explica Horacio Oliva.