El juez urge a Hacienda a que envíe los informes para decidir si imputa a la infanta

El juez José Castro quiere tomar una decisión sobre la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Nóos' cuanto antes. Por esas prisas, instó a la Agencia Tributaria y a la Policía para que le entreguen los informes que tienen pendientes de remitir a su juzgado porque «su tardanza genera gran retraso en la instrucción».

El magistrado, sin embargo, tiene material suficiente para estudiar ya que la misma Hacienda a la que urgió entregó otro estudio en el que se desvincula a la hija del Rey de las actividades fiscales de su marido, aunque señala que Aizoon, propiedad del matrimonio, dejó sin declarar 281.109 euros en el impuesto de sociedades entre 2007 y 2010.

Castro reclamó celeridad a la Agencia Tributaria en Cataluña para que entregue las conclusiones de las investigaciones que ha solicitado sobre las actividades económicas y fiscales de Aizoon, la inmobiliaria pantalla de las actividades mercantiles de Iñaki Urdangarin, pero que comparte con su esposa al 50%. El instructor también demandó al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía su investigación. En ambos casos, las pesquisas están dirigidas a las relaciones de Aizoon con sus proveedores, unos vínculos que pudieron enmascarar fondos trasvasados desde el Instituto Nóos.

El juez espera que con estos documentos en la mano pueda tomar una decisión definitiva sobre la imputación de Cristina de Borbón, un paso al que ya anunció su oposición la Fiscalía Anticorrupción. Castro, en la providencia que se conoció ayer, alude a la postura del fiscal, pero evitar por ahora hacer «valoración alguna». Lo hará, explica, de forma conjunta ante los argumentos que expongan todas las partes cuando decida sobre la hija del Rey.

El informe que la Agencia Tributaria remitió al juzgado de Palma de Mallorca exime a la infanta de las presuntas irregularidades de su marido. Cristina de Borbón solo aparece en las casi 200 páginas del informe como copropietaria de Aizoon.

La investigación policial de las actividades de la compañía de los duques de Palma entre 2007 y 2010, los años anteriores están prescritos, apuntan a que la firma era una pantalla de Urdangarin para, por una parte, trasvasar los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos por sus contratos con los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, y, por otra, facturar a través de Aizoon sus actividades profesionales a fin de no tributar los ingresos como IRPF sino como impuesto de sociedades que es menos gravoso.

Por ser quien era

El informe de Hacienda va en una línea similar y describe que en esos cuatro años la firma de los duques defraudó 281.109 euros en el pago de impuesto de sociedades. Indica que en 2007 dejó sin liquidar con Hacienda 99.787,19 euros ya que declaró 73.097,96 cuando debía haber tributado 172.885,15. Al año siguiente, el supuesto fraude ascendió a 91.101,95; en 2009, llegó a 71.073,46; y en 2010, ya con el matrimonio instalado en Washington con Telefónica, cayó a 19.148,78.

La investigación también recoge que el grupo de empresas que contrató a Urdangarin como asesor lo hizo por ser quien era en la Familia Real. Directivos de esas empresas reconocieron en sus declaraciones ante el juez que no tienen informes ni dosieres de la actividad que desempeñó el yerno del Rey para ellos.

«No sabemos el motivo por el que se le contrató», respondió al fiscal un ejecutivo de la tabaquera Altadis, de la que Urdangarin cobró 30.000 euros anuales. «Fue contratado en razón de la personalidad de Su Alteza Real (sic) Iñaki Urdangarin», comentó el directivo de Havas Sports France interrogado. De aquí percibía 50.000 por año. Su servicio era de «carácter personalísimo» para la Presidencia de la licorera francesa Pernod Ricard, de la que ingresaba 80.000 anuales. Estas firmas, y otras, recibían facturas de Aizoon por la labor profesional de Urdangarin y abonaban los pagos en las cuentas de la inmobiliaria.