Los escraches y las protestas ilegales se castigarán con hasta 600.000 euros
El Gobierno ultima el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana, que prevé multas desorbitadas para las concentraciones sin permiso gubernativo
Actualizado:Aún no ha pasado por el Consejo de Ministros pero el borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ya se ha ganado tantas críticas como las que logró en su día la que ha pasado a la historia como 'ley Corcuera' o 'ley de la patada en la puerta' de 1992. El texto elaborado por el Ministerio del Interior contempla la eliminación de una serie de infracciones penales, y de resultar aprobado pasarían a considerarse faltas administrativas, en teoría un escaño inferior. «No se trata de sancionar más sino de sancionar mejor», justificó ayer el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Una tesis con la que discrepan todos, salvo el PP.
Lo cierto es que, según lo dispuesto en esta propuesta inicial, no se catalogará como delitos la grabación y difusión de imágenes de policías que puedan poner en peligro la seguridad de los agentes; la perturbación de actos públicos, religiosos o deportivos; las concentraciones o protestas ante instituciones del Estado como pueden ser el Congreso y el Senado; o los escraches o actos de acoso a cargos políticos. Estas acciones no conllevarán condenas de cárcel, pero no por ello dejarán de estar penadas. En estos casos como faltas muy graves que conllevarán una contundente multa de entre 30.000 y 600.000 euros.
Hace unos meses, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó juzgar a los organizadores de las manifestación del 25-S frente al Congreso al valorar que les amparaba el derecho a la libertad de expresión, una decisión por la que el portavoz adjunto del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, no dudó en calificar al magistrado como de «pijo ácrata». Tampoco fue condenado nadie por los escraches a los domicilios de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
El traslado desde el derecho penal al administrativo de estas infracciones tendrá un efecto inmediato en su tramitación. De concretarse ya no serán los tribunales los que los juzguen en primera instancia esta clase de delitos sino que al tratarse de faltas serán sancionados directamente por el Gobierno con las sumas que fija la norma. Aquellos que sean multados tendrán derecho a recurrir ante los juzgados de lo contencioso-administrativo. Eso sí, previo pago de las pertinentes tasas judiciales, que varían entre los 200 y los 1.200 euros.
Críticas de la oposición
Según argumentó el secretario de Estado de Seguridad, nadie puede acusar este borrador de reaccionario ya que convierte delitos penales en faltas administrativas, un estadio más bajo de sanción. «Todas las libertades públicas serán respetadas y se recibirán las sanciones de la Administración dentro de las máximas garantías», afirmó Martínez. El número dos de Interior omitió mencionar que se establecen unas multas muchísimo más altas que las vigentes.
Los argumentos del secretario de Estado no convencieron a la oposición ni a otros colectivos como Jueces para la Democracia. La asociación progresista de magistrados consideró que las multas que se establecen son «desorbitadas» y parecen pretender «desalentar a la ciudadanía a ejercer derechos fundamentales». Otra agrupación de jueces, la Francisco de Vitoria, opinó que el borrador recuerda a la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en 1933 y que se mantuvo vigente durante la mayor parte del franquismo.
Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, denunció que el Ejecutivo busca castigar a los españoles por conductas que los tribunales no encuentran delictivas. «En vez de seguridad ciudadana es una represión ciudadana impropia de un estado democrático», criticó Rodríguez. UPyD avanzó que estará en contra si lo que intenta el Gobierno es, en palabras de Rosa Díez, «perseguir a quien peor le cae».
Si la ley de 1992 fue llamada la de 'la patada en la puerta', este martes el portavoz adjunto de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ya bautizó a la que prepara el Gobierno como la de «la patada en la boca a la democracia» porque, a su juicio, «pretende criminalizar a los movimientos sociales». «No se a qué puede obedecer esa manifestación», se defendió el secretario de Estado cuando fue cuestionado al respecto.