Galicia y Asturias estudian recurrir la sentencia del 'Prestige'

El malestar general surgido a raíz de la decisión de la Audiencia Provincial de La Coruña de absolver a los tres acusados por el naufragio del 'Prestige' tiene visos de traducirse en un sinfín de recursos ante el Tribunal Supremo y en la posterior apertura de la vía de la reclamación civil si no ven satisfechas sus demandas.

La primera en anunciar su intención de apelar la sentencia fue ayer la asociación ecologista Arco Iris. Además de ella, dos comunidades autónomas, Galicia y Asturias, han avanzado que estudian los pasos a seguir con el fin de exigir que se revise la decisión del tribunal encargado del caso, que al margen de las absoluciones trae que las zonas afectadas dejen de percibir una indemnización que la Fiscalía había cifrado en 4.238 millones.

De ambas comunidades el caso más llamativo es el gallego. Lejos de mostrar la complacencia de otros compañeros de formación del PP por la decisión judicial, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que comprende la decepción general ante el hecho de que ningún culpable vaya a pagar por el mayor desastre medioambiental de la historia de España. Así, Núñez Feijóo se lamentó que nadie vaya a hacerse cargo de la millonaria factura que se cobraron las más de 63.000 toneladas de fuel vertidas por el petrolero frente a la Costa de la Muerte. «Ni la clasificadora -encargada de realizar los controles de mantenimiento al buque-, ni la aseguradora, ni el armador del barco van a pagar», criticó el jefe del Ejecutivo gallego, quien achaca a los anteriores actores el «permitir que una chatarra flotante navegase con una sustancia tóxica».

Eso sí, las quejas de Feijóo no alcanzaron la posible responsabilidad política del entonces Gobierno de José María Aznar. El presidente gallego evitó pronunciar cualquier crítica a miembros de su partido. «Nunca buscamos el linchamiento político de un director general que se encontró con una chatarra flotante en medio de un temporal», afirmó Feijóo en referencia a José Luis López Sors, quien en 2002 era máximo responsable de la marina mercante y que resultó el único cargo de la administración imputado. En caso que López Sors hubiera sido encontrado culpable de un delito contra el medio ambiente el responsable subsidiario habría sido el Gobierno, y, por lo tanto, el que debería hacer frente a la multimillonaria indemnización exigida por las acusaciones personadas en el proceso. Su condena también habría dejado en entredicho la gestión que el Ejecutivo del PP llevó de la catástrofe. En este sentido el presidente gallego consideró que a lo largo de los once años transcurridos desde el naufragio «las posibles responsabilidades políticas han quedado ventiladas en las urnas».

En el caso asturiano, el Gobierno, del PSOE, avanzó que analizará con detenimiento la sentencia con el fin de encontrar «todas las alternativas y resquicios legales» de cara a que se puedan reparar en su totalidad los daños que la marea negra causó en las costas del Principado.

Vuelve Nunca Mais

Las críticas y el malestar por el contenido de la sentencia fueron ayer el denominador común entre asociaciones ecologistas, cofradías de pescadores y la mayoría de los partidos políticos. Fruto de esta indignación la plataforma Nunca Mais anunció que retoma la acción. Lo hará con la convocatoria para hoy de concentraciones en las principales ciudades gallegas. Da este paso, asegura, porque «la marea negra del 'Prestige' no fue una maldición bíblica y por tanto debe haber unos culpables de ella».

Nunca Mais afirma que si después de la catástrofe acaecida en 2002 Galicia vivió las mayores manifestaciones de su historia, ahora, tras la sentencia, «es el momento de recuperarlas», porque la decisión del tribunal «avala que ante una situación similar los políticos puedan hacer lo que entonces hicieron. Es decir, mentir, manipular y seguir siendo incompetentes». «No nos podemos quedar callados», añade el movimiento ciudadano, que también ve muy probable presentar un recurso ante el Supremo.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, se sumó ayer a las voces que mostraron su sorpresa por el contenido de la sentencia. Así, reconoció que le llama la atención que sean los ciudadanos los que tengan que pagar la factura por el vertido, que impregnó de chapapote 2.980 kilómetros de litoral y contaminó 1.137 playas. Becerril, en cualquier caso, apuntó que ahora no resta otra posibilidad que acatar la decisión del tribunal porque, justificó la defensora del Pueblo, «es lo que hay».